La economía española está atrapada por las tierras movedizas provocadas por la COVID-19. El conjunto de los agentes económicos miramos al presente con resignación, y al futuro con preocupación. Es un futuro incierto que centra sus esperanzas en el desarrollo, fabricación y suministro de una vacuna que ponga fin a la crisis sanitaria, y que permita centrar todos los esfuerzos en la crisis económica. No nos engañemos, la situación empresarial es muy grave, incluso cuando se recupere la actividad, el sistema económico mundial seguirá sumido en una crisis global.

La empresa es, por definición, el agente económico creador de empleo, y debe asumir esa responsabilidad. Al igual que el Sector Público debe ser, por definición, el garante del necesario equilibrio presupuestario. Y en ese contexto, y asumiendo esa obligación empresarial, la Comisión de I+D+i de CEOE ha concretado una serie de medidas fiscales en materia de I+D+i, que pretende dar respuesta a las necesidades de la empresa en los próximos 24 meses, centrando su efecto en la consecución de liquidez, pero incidiendo directamente en la competitividad empresarial, buscando retomar el crecimiento en el empleo y la evolución de la oferta hacia productos y servicios tecnológicamente más avanzados.

Las medidas que reclama la  CEOE pretenden mejorar la eficacia del actual sistema fiscal de apoyo a la I+D+i ante las actuales circunstancias provocadas por la COVID-19, para conseguir un objetivo escalonado: aumentar la liquidez en la empresa, potenciar las actividades de I+D+i, acelerar el crecimiento empresarial, y crear más y mejor empleo.

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• Mayor seguridad y estabilidad para la empresa. Un mecanismo fiscal que no es seguro y estable en el tiempo, que está sometido a la interpretación posterior de la Agencia Tributaria, incluso cuando previamente ya había sido autorizado por un Organismo oficial, mina la confianza empresarial, y por tanto disminuye las expectativas en el largo plazo y se crea menos empleo.
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• Flexibilización del concepto de trabajador de I+D. Debe darse un margen para obtener este calificativo y sus beneficios fiscales. Por ejemplo, estar adscritos en un 85% a actividades de I+D en vez del 100%, y debe hacer compatible para todas las empresas los distintos incentivos (bonificaciones a la Seguridad Social del personal de I+D+I y las deducciones fiscales de I+D+I), favoreciendo así la contratación de personal cualificado y minimizando la perdida de empleo en esta área.
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• Mejorar las condiciones de la deducción para la innovación tecnológica, aumentando la deducción por IT al 15% (actualmente está en el 12%). Esta medida apoyaría directamente los proyectos industriales creadores de empleo en el corto plazo.
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• Recuperar la reducción de tributación en el IS por cesión de intangibles (Patent Box). Volver a poner de aplicación el incentivo fiscal asociado a la facturación de intangibles (Know How, procesos de negocio, etc.) de tal manera que internacionalmente tengamos una ventaja para afrontar el mercado externo, e internamente dinamicemos la colaboración tecnológica entre empresas. Ambos beneficios serán cruciales en la recuperación del empleo.
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Los mecanismos de monetización de las deducciones fiscales puestos en marcha en 2013 para inyectar liquidez no dan respuesta a las necesidades provocadas por la COVID-19, y sus requisitos de aplicabilidad imposibilitan su uso por las empresas. No es factible tener que esperar 1 año para acceder a esta liquidez, ni incumplir el condicionante de empleo debido a las circunstancias provocadas por la crisis sanitaria, ni que el Estado aplique un 20% de quita sobre el derecho adquirido por la empresa.

La colaboración entre la empresa y las OPIs (Organismos públicos de Investigación, como universidades y centros tecnológicos) es un canal altamente dinamizador de la innovación empresarial y de la generación de empleo. Dada la actual situación comparativa de nuestro ecosistema, potenciar esta relación conllevaría rendimientos exponenciales en términos de competitividad y consecuentemente de recaudación (numerosos estudios constatan la relación entre el beneficio de las empresas y estas colaboraciones). Es necesario recuperar en la deducción de I+D+i, la prima del 20% por la contratación de OPIs de la Unión Europea.

Incentivar los gastos inherentes al registro de la propiedad industrial y a la certificación ENAC del proyecto de I+D+i, con el calificativo fiscal de Innovación Tecnológica para que esta inversión sí este incentivada. Para competir con fuerza en el mercado exterior, y defender nuestra soberanía tecnológica, España tiene que aumentar el uso de las patentes, pero sin embargo estamos a la cola de Europa en el uso de Patentes.

Algunas de estas medidas, transitorias o no, simplemente recuperan el marco legal anterior, que funcionó y fue esencial para la salida de la crisis del 2008. El resto pretenden actualizar los mecanismos existentes a las necesidades empresariales en el periodo de recuperación económica, priorizando siempre la creación de empleo estable.

Raúl Natividad Más, vicepresidente Comisión de I+D+i CEOE y CEO AVS Consulting