Se avecina una oleada de demandas colectivas. Tal es la expectativa que se está generando, que algunos despachos especializados están ofreciendo sus servicios directamente a éxito, es decir, no cobrarán nada a sus clientes hasta el momento de la sentencia. Obviamente, la estrategia de la Administración y de los sectores privados que se perfilan como objetivo de las acciones judiciales está siendo, como en otras catástrofes anteriores, la de presentarse ante la sociedad como las auténticas víctimas.

El Gobierno es la víctima de la mala gestión de sus antecesores, del despiadado mercado internacional de venta de materiales, de los bulos, de las críticas irresponsables de los adversarios, del comportamiento caprichoso de los ciudadanos, del propio coronavirus por venir a España... como, en otra escala, Francisco Camps fue víctima del conductor del Metro y Mariano Rajoy del diseño de la curva del Alvia, del capitán del Prestige y de los contagiados del ébola, y ambos sufrieron la inquina, malintencionada y teledirigida por supuesto, de las asociaciones de afectados. Los partidos políticos intercambian los papeles, pero el patrón es exactamente el mismo. Y camino de los 30.000 muertos y de una recesión sin precedentes, es evidente que muchos ciudadanos y empresas quieren y van a exigir responsabilidades.

Desde el punto de vista de la innovación, lo diferencial en esta crisis es que al sector de los despachos de abogados el horizonte de las demandas colectivas les llega cuando se encontraban inmersos en el proceso de transición hacia la era digital. Era notorio el esfuerzo que muchos estaban haciendo por comprender las implicaciones de la revolución tecnológica y por adaptar sus modelos de negocio a la nueva realidad. No ha sido el primer sector en reaccionar, eso es verdad, de hecho han actuado con cierto retraso, pero desde el año pasado las posibilidades del legaltech despiertan cada vez más interés. Alguna firma importante ha puesto en marcha incluso su propia aceleradora de startup.

Están comprendiendo el poder transformador de tecnologías como la optical character recognition (OCR), que permite convertir el texto de un documento impreso en editable y procesable. De la mano del sector asegurador, empiezan a abrirse a las posibilidades del blockchain, que permite la gestión segura y descentralizada de reclamaciones sin contacto físico, algo que en otros países se contempla como ideal para la época del coronavirus.

Muchas de las tareas asociadas a la adhesión a una demanda colectiva o a cualquier reclamación pueden hacerse desde el móvil y gestionarse de forma automatizada, que es una de las claves del legaltech: descubrir qué partes de la cadena de valor se van a ir dejando cada vez más en manos de las máquinas, con su enorme capacidad de procesamiento potenciada con inteligencia artificial y machine learning. En la segunda digitalización se pleitea con armas 4.0.

Eugenio Mallol es director de INNOVADORES