Presentado a bombo y platillo hace más de dos años, el Centro Nacional de Tecnologías del Envase y del Embalaje que el Gobierno va a levantar en Calahorra (La Rioja) sigue sin hacerse realidad y, lo más importante, sin desempeñar una de las funciones que se le atribuyeron, la potenciación del sector en tierras riojanas.

Una presunta irregularidad denunciada por el actual gobierno autonómico respecto a la compra de terrenos y que habría sido cometida por el anterior ejecutivo siembra en torno a este gran proyecto un futuro lleno de dudas.

De momento, fuentes del departamento de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo revelan que "lógicamente" el proyecto se va a ver afectado ya no sólo en cuanto a plazos sino también en cuanto a su dimensión.

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Desde el gobierno autonómico riojano se explica que el caso está en manos de los servicios jurídicos internos a la espera de tomar decisiones. Una de estas decisiones podría ser incluso la del "redimensionamiento" del proyecto.

Desde la consejería responsable han recalcado que el apoyo al proyecto es total, pero que quizá habría que adaptarlo a la realidad actual.

Este centro, cabe recordar, iba a ser el principal proyecto tractor de la Ciudad del Envase y del Embalaje de Calahorra, una iniciativa faraónica que el actual ejecutivo autonómico podría estar replanteándose.

Calahorra es una población que, según el Ministerio para la Transición Ecológica, respondía perfectamente a los requerimientos del proyecto, atendía a las necesidades de las empresas del sector y de sus clientes y disponía de espacios e infraestructuras para albergar la instalación. 

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"En esa zona oriental de la región se concentra la industria riojana del sector del envase y el embalaje, así como de su cadena de valor, especialmente agroalimentación y calzado", apuntó el día de la presentación la ya expresidenta riojana, Concha Andreu. 

"Es un enclave estratégico que permite generar sinergias con empresas de las dos riberas y contribuye a impulsar el corredor agroalimentario del valle del Ebro", añadía.

Ahora bien, el proceso para su construcción parece que no se desarrolló según los requerimientos legales exigibles, a juicio del nuevo gobierno regional. Una auditoría jurídica externa solicitada por el ejecutivo de Gonzalo Capellán para analizar en profundidad la compra de suelo para la construcción del Centro Nacional de Tecnologías del Envase y el Embalaje ha dictaminado que supone "un acto nulo de pleno derecho" y desvela "la gestión irregular".

Son palabras de la consejera Belinda León, que añade que la auditoría "comparte el criterio de un informe de control interno de la ADER (Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja).

Este informe remarcaba que "durante los casi 25 años de vida de la ADER, las transferencias y emisiones de cheques requerían dos firmas, la de un técnico y la del gerente o presidente de la agencia".

En este sentido, explican fuentes autonómicas, "el 9 de septiembre de 2022, el ejecutivo anterior ordenó cambiar a los autorizantes, por lo que hicieron posible, de hecho, que solo fueran necesarias las dos firmas del presidente y del gerente. Este mismo día, la unidad de control interno y auditoría y la unidad económica financiera del gobierno de La Rioja había advertido que la operación no respetaba el procedimiento administrativo".

En manos de los servicios jurídicos

Una semana antes, el 2 de septiembre de 2022, el por entonces presidente de la ADER, José Ángel Lacalzada, "había firmado una oferta formal para adquirir una serie de parcelas a SEPES, ubicadas en el Polígono del Recuenco (Calahorra), por importe de 5,7 millones de euros (6,6 millones incluyendo el IVA). Esta aceptación implicaba realizar una reserva del 5% y el abono de 287.350 euros, que se produjo el 15 de septiembre con las firmas del presidente y el gerente de la ADER".

Desde el actual gobierno regional se advierte que "antes de cerrar el año 2022, el 16 de diciembre, convocaron un Consejo de Administración para elevar a Consejo de Gobierno la autorización del gasto de 5,7 millones de euros (más IVA) correspondiente a la adquisición, por parte de la ADER, de parcelas en el Polígono Industrial El Recuenco, en Calahorra". 

De acuerdo con la normativa de la ADER, todos los asuntos que van a Consejo de Administración requieren de un informe jurídico. "La propia asesoría jurídica advirtió a los miembros del Consejo en su informe sobre la inviabilidad de la operación, porque tanto la reserva del 5% como la adquisición total eran actos nulos de pleno derecho", explican las mismas fuentes.

Desde el gobierno de La Rioja se especifica que en el expediente constan dos informes del director general de los Servicios Jurídicos. El primero, que considera que el único requisito que se debe cumplir es disponer de presupuesto, "no debiendo cumplir lo que decreta la Ley del Patrimonio porque el bien no se adquiere para integrar el patrimonio de ADER, sino para su inmediata comercialización"; y el segundo, que señala que la operación planteada se basa no en razones jurídicas, sino en "razones de oportunidad".

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha ordenado, como presidenta de la ADER, que se remita el expediente a la Dirección General de los Servicios Jurídicos, recurriendo al cauce legal establecido.