El PSOE se escuda en el "periodo electoral" y en el "secreto profesional" para justificar que aún no haya entregado al juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, los datos que le requirió.
El magistrado solicitó al partido que aportase el listado de abogados y consultoras que ha contratado, a fin de poder analizar si dicha facturación, en realidad, ocultaba pagos a Leire Díez, la fontanera del PSOE, para financiar sus maniobras contra jueces y guardias civiles.
La primera vez que el juez lo solicitó fue el pasado día 6. Este martes, día 20, como no había recibido la información solicitada, Pedraz metió prisa al partido y le dio 48 horas de plazo.
Ahora, el PSOE ha comunicado al juez que se ha dirigido al Consejo General de la Abogacía (CGA) para realizarle varias consultas sobre la posible afectación al "secreto profesional" y a la "intimidad" de tal requerimiento.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho escrito, que constata que la consulta al CGA no se realizó hasta el pasado día 20 por la tarde, unas horas después de que Pedraz volviera a insistir al partido y le reprochase su tardanza.
En otras palabras, el PSOE no se ha dirigido al Consejo General de la Abogacía hasta dos semanas después de la primera petición del juez.
En su escrito, el Partido Socialista justifica que, "obviamente, estando en periodo electoral", la "actividad del partido está concentrada en el desarrollo de la campaña en curso", lo que provoca que "la capacidad de respuesta inmediata se vea mermada".
El abogado del PSOE, Alberto Cachinero, señala también que "la información y documentación solicitada no está centralizada" y depende de "muy distintos interlocutores", provenientes de las distintas federaciones territoriales de la formación.
Finalmente, el letrado señala que existe riesgo de vulnerar la intimidad de los abogados y de sus clientes "si se conocieran públicamente los datos solicitados".
De hecho, el PSOE señala que, en ocasiones, ni siquiera el propio partido es el cliente de los servicios de asistencia jurídica de los profesionales contratados.
"La información requerida (...) puede no afectar únicamente al PSOE: concierne a los abogados externos, cuyos documentos y comunicaciones están cubiertas por su propio secreto".
"Que las contrataciones de letrados se hayan realizado promovidas a instancia o, incluso, a expensas del PSOE federal o sus territorios no convierte en todos los casos a la organización política (...) en titular de los derechos de la relación profesional entre abogado y cliente", razona el partido.
"Y es que, aunque en algunos casos podamos encontrar que los clientes finales sean cargos o afiliados del PSOE y las necesidades de asistencia jurídica se deriven de su acción política, el partido no puede autorizar o disponer de los ámbitos privativos de la relación profesional entre ambos, por lo que es imprescindible darle traslado a cada uno", añade el escrito.
"Establecer la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría que hayan sido contratados no solo revela la existencia de actuaciones profesionales, sino que también, con frecuencia, permite inferir su objeto", se queja el PSOE.