Los 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el PP han expresado esta mañana su apoyo y solidaridad con la juez de Badajoz Beatriz Biedma ante la campaña de hostigamiento que ha sufrido por ser la instructora del proceso penal contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Un intento de amedrentamiento por el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a las llamadas 'cloacas del PSOE'.
Se trata de una posición exclusivamente del grupo conservador, que ha propuesto al Pleno del CGPJ hacer público un comunicado institucional en ese sentido. Esto no ha salido adelante por la negativa de los vocales propuestos por el PSOE.
Es la primera vez en el actual mandato del CGPJ que se rompe la dinámica de las declaraciones institucionales consensuadas.
En el grupo conservador existe malestar desde hace meses por el rechazo del sector progresista a salir al paso de las numerosas descalificaciones públicas de que vienen siendo objeto los jueces por parte del PSOE y del propio Gobierno.
Los José Antonio Montero, José Luis Costa, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal han propuesto hoy en el Pleno del CGPJ un comunicado en el que pretendían que el Consejo manifestara "su profunda preocupación ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno".
"Sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponden determinar exclusivamente a los tribunales, el CGPJ quiere trasladar a la magistrada su cercanía, solidaridad y respaldo institucional", añaden.
"Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación", consideran.
"La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos", señalan.
Añadían que el CGPJ “quiere transmitir a todos los jueces y magistrados un mensaje inequívoco: no están solos en la defensa de su independencia”.
"Ante cualquier intento de perturbarla, el CGPJ ejercerá con firmeza las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye y adoptará las medidas necesarias para que jueces y magistrados puedan cumplir su función con libertad, serenidad y exclusivo sometimiento a la ley. Defender la independencia de cada juez es defender el Estado de Derecho”, concluía el comunicado propuesto.
Según los vocales conservadores, "ante la oposición frontal, tanto respecto del debate, como de su aprobación, por parte de los nueve vocales autodenominados ‘progresistas’ (Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras, José María Fernández Seijo, Esther Erice, Argelia Queralt, Inés Herrero y Lucía Avilés), se ha frustrado la aprobación del comunicado que no busca nada más que transmitir el apoyo a la Magistrada, así como al resto de la Carrera Judicial".
"No alcanzamos a entender las razones de la oposición, así como la renuncia a una de las funciones esenciales del CGPJ, la defensa de la independencia judicial", indican.