La Fiscalía Anticorrupción ha informado al juez Santiago Pedraz que en la causa en la que se investiga a la fontanera del PSOE Leire Díez existen indicios que apunta a la responsabilidad del partido.
Pero considera que, antes de dar al Partido Socialista la condición formal de imputado, deben completarse diligencias documentales ya pedidas y otras como la declaración de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
Las fiscales consideran precipitada la petición del PP de imputar al PSOE, que interviene en estas diligencias como acusación popular. Si la posición de Anticorrupción es aceptada por Pedraz, lo que es habitual, la imputación del PSOE como persona jurídica no se produciría antes de las elecciones generales del 29-N.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), asiste a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal celebrada este lunes en la sede federal del PSOE.
El pasado martes, a petición de las fiscales, Pedraz requirió a la asesoría jurídica del PSOE para que aportara la relación completa de los letrados y bufetes que haya contratado entre 2021 y 2025.
También pidió al partido la documentación que permite comprobar los servicios a prestar por esos letrados (la nota de encargo o el contrato) y los trabajos efectivamente realizados.
En la causa han aparecido indicios de que dos bufetes dirigidos por los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, además de la consultoría de Gaspar Zarrías, fueron utilizados para financiar las actividades de Leire Díeez en orden a obtener información que permitiera desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO que intervienen en los procesos judiciales que comprometen al PSOE.
Argumentos del PP
El PP atribuye al PSOE los supuestos delitos de financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y malversación.
Una resolución del pasado mayo firmada por Pedraz ya señalaba que el antiguo secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, pagó ciertos gastos de la trama Leire, como viajes de Leire Díez, quien se jactaba de ser la mano derecha en la sombra del anterior.
Asimismo, Pedraz subrayó que Cerdán puso la infraestructura del partido al servicio de esta operativa presuntamente criminal dedicada a boicotear las causas judiciales incómodas para el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez.
En su escrito de este martes, el PP destacó que las testificales de diversos cargos del PSOE —desde su presidenta, Cristina Narbona, a las secretarias de Cerdán— "han puesto de manifiesto (...) que el Partido Socialista no contaba al tiempo de los hechos con medidas de control y vigilancia aptas para prevenir las comisión de delitos en su seno".
Al menos, "en materia de aprobación y abono de gastos y de utilización de sus instalaciones por terceros".
"Dichas decisiones dependían de los designios de la alta dirección del PSOE, sin que existiera ningún órgano que fiscalizara su actuación ni medida alguna que la restringiera", reza el escrito del PP, que ejerce la acusación popular en esta causa judicial.
La trama Leire se dedicó también a tratar de "destruir" el caso David Sánchez, el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano de Pedro Sánchez, y atacar a la jueza instructora Beatriz Biedma, que ha declarado esta mañana en la Audiencia Nacional como perjudicada.