El Gobierno de Ceuta se persona como acusación particular en la causa sobre el asalto masivo a la ciudad los días 30 y 31 de julio para evitar que la investigación de la juez María Tardón sea abortada.
La decisión de Ceuta busca impedir que las maniobras del Gobierno central y del Ministerio del Interior condicionen la continuidad de las diligencias judiciales.
El informe policial señala una planificación previa y colaboración de fuerzas marroquíes, pero el Gobierno niega validez probatoria al documento y no atribuye la autoría intelectual a Marruecos.
La personación de Ceuta refuerza la investigación, permitiendo a la ciudad impulsar la causa, solicitar diligencias y reclamar responsabilidades penales y civiles ante los graves efectos sufridos.
El Gobierno de Ceuta ha decidido personarse como acusación particular en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre el asalto masivo a la ciudad de los días 30 y 31 de julio. La decisión busca impedir que la investigación dirigida por la juez María Tardón pueda quedar abortada.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, convocó este jueves un Consejo de Gobierno extraordinario tras el pleno monográfico celebrado en el Congreso. En él, Pedro Sánchez corroboró con su postura de desacreditación de los informes policiales y de los mismos autores, la sospecha de que el Ejecutivo agradecería que no se abriera sumario.
El Ejecutivo ceutí quiso evitar todo riesgo de que las maniobras de desinformación del Ministerio del Interior y esa posición expresada por el presidente condicionaran la continuidad de las diligencias.
"Nos hemos reunido esta misma tarde", por el jueves, "y hemos tomado esa decisión para evitar que nadie pueda torpedear la investigación", explican fuentes del Gobierno de la ciudad autónoma. Ceuta se considera "parte directamente afectada" y pretende intervenir con plena capacidad para impulsar la causa.
Marlaska y Sánchez
La decisión llega después de que Fernando Grande-Marlaska cuestionara la reserva ordenada por Tardón a los policías que elaboraron el informe sobre la entrada masiva. Interior llevó su queja al CGPJ y acusó a la magistrada de haber impedido trasladar el documento a la cadena de mando policial.
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, respondió a Marlaska que la independencia judicial debe respetarse y que la ley obliga a la Policía a colaborar con los órganos judiciales. También recordó que el Consejo no puede censurar ni corregir las resoluciones de una juez.
Sánchez ya había elevado la presión sobre los autores del informe durante el pleno extraordinario del Congreso.
"Tenemos que entender por qué el CENIF no remitió una nota informativa a ningún superior en la cadena de mando de la Policía y del Ministerio del Interior", advirtió desde la tribuna.
"Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la Seguridad del Estado".
La jugada es doblemente extraña. Porque por un lado el Ejecutivo niega validez probatoria al documento del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional y, por otro, alega un riesgo grave por haber recibido sus 55 folios después de que le llegaran a la magistrada.
Informe favorable
En todo caso, cualquier prevención con la supuesta conexión de intereses entre la Fiscalía y el Gobierno parece quedar conjurada.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, prepara un informe favorable a la competencia de este órgano para investigar la invasión de Ceuta por 72.000 inmigrantes, según datos oficiales del Gobierno, los pasados 30 y 31 de julio.
Alonso, recién incorporado a su despacho de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras el descanso veraniego, ha asumido la elaboración de ese informe, que defenderá la necesidad de abrir una investigación penal, según fuentes de ese órgano.
El informe policial adelantado en exclusiva por EL ESPAÑOL ha sido determinante para la posición del Ministerio Público.
El CENIF describe en ese documento la existencia de una planificación previa y un diseño estratégico de esa entrada masiva de inmigrantes con la colaboración de miembros de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos, lo que, a juicio de la Fiscalía, merece ser investigado.
La personación de Ceuta reduce el margen para que una eventual posición contraria de la Fiscalía deje sin impulso la investigación. Si es admitida, el Gobierno de la ciudad podrá interesar diligencias, recurrir resoluciones, sostener la acción penal y reclamar las responsabilidades civiles que procedan.
Parte afectada
Fuentes del equipo de Vivas aseguran de que la entrada masiva afectó "de forma directa y grave" al funcionamiento de servicios públicos esenciales, la seguridad, la tranquilidad ciudadana y el sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados.
"Hemos decidido personarnos en la causa dada la gravedad de los acontecimientos, que ha afectado a los intereses propios de la ciudad. En particular, al normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a la seguridad, a la tranquilidad ciudadana, y al sistema de protección de menores", añaden.
"La entrada masiva ha supuesto una vulneración de la integridad territorial de España", sentencian estas fuentes. El Ejecutivo local confirma que actúa para defender "los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta", y para exigir eventuales responsabilidades penales y civiles.
La iniciativa de Vivas se produce después de que Interior tratara de desacreditar el informe del centro de inteligencia de la Comisaría de Extranjería, elaborado por orden de Tardón. El documento describe una planificación previa, una dirección estratégica, un "guiado activo" y una "monitorización sobre el terreno" de la entrada masiva.
El informe y la desinformación
Según el documento, la Policía documentó mediante fotografías y análisis el papel de agentes marroquíes "uniformados" y de otros individuos "no uniformados" en el guiado de las personas concentradas en Castillejos.
Y aunque descarta que se tratara de un fenómeno espontáneo de inmigración irregular, lo cierto es que que la investigación no identifica al "autor intelectual" de la operación ni atribuye la orden al Gobierno de Marruecos.
Así, el presidente Sánchez mantiene que su valor probatorio es nulo para acusar a Rabat .
Sánchez defendió en el Congreso que los informes no contienen "ninguna información" que permita responsabilizar a Marruecos de haber diseñado y ejecutado el asalto. Pero admitió que durante diez horas "la Gendarmería permitió el cruce" de personas hacia Ceuta, extremo que figura en la documentación policial.
El presidente prometió actuar con "total contundencia" si aparecieran pruebas sólidas sobre la responsabilidad de Marruecos. Su posición fue rechazada por todos los grupos parlamentarios, incluidos socios de investidura, que cuestionaron que una entrada de tal dimensión pudiera producirse de forma espontánea.
Y del mismo modo, Interior sostiene que "no existe informe policial alguno" que atribuyera a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la "planificación o ejecución" del asalto.
Marlaska reclamó, este miércoles de madrugada, explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, sobre por qué no había sido informado de los datos incluidos en el documento.
El ministro inició, por carta, una ceremonia de confusión y desinformación, mostrándose desamparado al tratarse de información esencial para poder adoptar decisiones en una crisis de seguridad de esa dimensión.
Conclusiones
La tesis gubernamental finalmente sostuvo que, al desconocerse la autoría intelectual, no podía establecerse la implicación de ningún Gobierno, servicio, agencia o persona.
Es más, Moncloa añadió que el CENIF carece de medios y competencia para elaborar informes de inteligencia, y sugirió que sus autores actuaron al margen de la cadena de mando. Sin embargo, el informe fue elaborado en respuesta a un requerimiento de la Audiencia Nacional remitido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
La admisión de Ceuta como acusación particular daría a la Ciudad una posición propia dentro de un procedimiento sometido a una fuerte presión política.
El Gobierno ceutí podría, así, defender directamente sus intereses institucionales y solicitar que se esclarezcan los hechos descritos por la Policía, con independencia de eventuales intentos de injerencia gubernamental en la Fiscalía.