Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, pide anular el clonado de su móvil, que contenía 10.000 mensajes con Leire Díez.
El abogado de Serrano argumenta que la incautación del teléfono fue ilegal, ya que se realizó antes de que tuviera formalmente la condición de investigado.
El caso investiga la supuesta colocación de Leire Díez en Correos y el intento de boicotear causas judiciales vinculadas al PSOE y al entorno de Sánchez.
El juez Pedraz también ha ordenado analizar 81 cuentas bancarias, incluyendo seis del PSOE, mientras el partido pide restringir el acceso a estos datos.
Juanma Serrano, el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez investigado en el caso Leire, ha solicitado a la Audiencia Nacional que anule el clonado de su teléfono móvil.
Dicho dispositivo contenía, al menos, 10.000 mensajes de WhatsApp con Leire Díez, la denominada fontanera del PSOE.
Esta mujer también está siendo investigada en este procedimiento por, supuestamente, haber tratado de boicotear otras causas judiciales; en concreto, las que afectasen al entorno personal y político de Pedro Sánchez, así como al PSOE y al Gobierno.
El instructor del caso Leire, el juez Santiago Pedraz, ordenó el pasado mayo el clonado del móvil de Serrano.
El magistrado ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo efectuase en presencia del propio investigado.
No obstante, la UCO comunicó a Pedraz que, por "error", lo había realizado sin cumplir dicha condición. Ahora bien, los agentes no habían comenzado aún a analizar su contenido.
Así las cosas, el juez ordenó un segundo clonado —que se hizo desde el 18 al 19 de agosto— en el que estuvieron presentes tanto Serrano como su abogado, Bernardo del Rosal.
Ahora, en un escrito fechado el día 21, el letrado solicita la anulación del segundo volcado, tacha de "ilegal" la incautación del teléfono y exige su devolución a su cliente.
El móvil, por el momento, sigue custodiado en una caja fuerta en la Audiencia Nacional.
La incautación del móvil
El escrito firmado por Del Rosal está dirigido a la Sala de lo Penal de este organismo judicial. Se trata del tribunal jerárquicamente superior al juez Pedraz, por lo que puede anular —o, por el contrario, validar— las órdenes dadas por el instructor.
Según relata el abogado, el pasado 27 de mayo, varios agentes de la UCO "citaron en la vía pública de Madrid" a Serrano "bajo el pretexto de entregarle una documentación".
"Al encontrarse, le comunicaron su condición de 'investigado no detenido', (...) le leyeron sus derechos y le exigieron la entrega inmediata de su iPhone 15 Pro-Max, junto con el PIN de acceso y el código de desbloqueo", señala el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
"Los agentes actuaron de forma imperativa y sin resolución judicial que lo permitiera", indica Del Rosal.
Asimismo, reprocha que el primer clonado del móvil se hiciese "de espaldas" al investigado y dueño del mismo.
No obstante, el juez Pedraz, antes de ordenar un segundo volcado, ya concluyó que Serrano no sufrió "indefensión" por dicha situación.
Los agentes de la UCO no llegaron a analizar el contenido del teléfono.
Ahora bien, en su escrito, Bernardo del Rosal reprocha que los agentes de la UCO atribuyesen a su cliente la condición de "investigado no detenido" cuando, por entonces, el pasado 27 de mayo, aún no tenía tal condición.
En efecto, Pedraz no le consideró, formalmente, investigado en esta causa hasta el 10 de julio.
Por ello, el letrado defensor sostiene que la incautación del móvil estaba "expresamente prohibida, porque no se le había atribuido [aún a Serrano] esa condición".
"No se podía llevar a cabo. Esa actuación policial deviene nula de pleno derecho", argumenta en su escrito, de 14 folios.
Leire, enchufada en Correos
El pasado 10 de julio, Pedraz sumó a Serrano a la larga lista de investigados del caso Leire tras analizar un informe elaborado por la UCO.
En él, la Guardia Civil implica al exjefe de gabinete de Sánchez de haber enchufado a Leire Díez, la fontanera del PSOE, en Correos. En ese año, Juanma Serrano era director de la empresa pública postal.
Asimismo, la UCO le atribuyó un "participación preeminente" en la supuesta trama delictiva. También, en la rama dedicada a la "desestabilización" de las causas judiciales incómodas para Sánchez y el Gobierno.
A su vez, el informe policial detallaba cómo Correos, bajo la presidencia de Serrano, fue instrumentalizado por Leire Díez para desviar fondos públicos hacia un bufete.
Por otro lado, en esta misma causa judicial, el juez Pedraz ordenó a la UCO, el pasado 30 de julio, analizar 81 cuentas bancarias de diferentes entidades. Seis de ellas están a nombre del PSOE.
En respuesta, el abogado del Partido Socialista ha solicitado al magistrado que sólo la Fiscalía Anticorrupción tenga acceso a dichos datos, a fin de evitar filtraciones.
"[Las seis cuentas] contienen multitud de movimientos que afectan a numerosas personas y entidades no vinculadas con los hechos [investigados] y cuya intimidad debe quedar salvaguardada", expresa el letrado del PSOE.
En un escrito fechado el pasado 31 de agosto, pide "extremar las cautelas" y no dar acceso a dichos datos a las acusaciones populares personadas en esta causa, entre las que figuran la asociación Hazte Oír o los partidos Iustitia Europa y el PP.