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Las claves

El Partido Socialista ha reaccionado de inmediato en las redes sociales tras conocerse la decisión del juez Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez y de aplicarle las medidas cautelares entre las que se encuentra la retirada de todos sus pasaportes —auto que ya ha avisado la propia mujer del presidente que recurrirá—.

Bajo el hashtag #YoConBegoña, la formación liderada por Pedro Sánchez ha denunciado que la esposa del presidente del Gobierno lleva "dos años siendo perseguida judicial y públicamente".

"Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia", ha escrito en redes sociales el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se ha preguntado "quién reparará el daño causado".

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha ido un paso más allá y ha decidido poner las afirmaciones del juez en conocimiento de la presidenta del CGPJ "al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

También han reaccionado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que habla de "ignominia"; el de Transformación Digital, Óscar López, que considera que la decisión de Peinado "erosiona" el Estado de derecho; o el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para quien es "injustificable".

#YoConBegoña, una etiqueta que también han usado dirigentes del PSOE como la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, que ha calificado la decisión de Peinado de "desmedida y desproporcionada" y afirma que está a la altura "de un juicio político escandaloso contra una persona inocente".

"Delirante, obsesivo y vergonzoso", ha escrito por su parte la portavoz del partido socialista, Montse Mínguez.

A este cierre de filas se han sumado ya numerosos cargos del partido, entre ellos la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Secretarios de organización regionales, diputados y las cuentas oficiales de las distintas federaciones del PSOE han replicado de manera coordinada el mismo argumentario, buscando convertir la etiqueta en tendencia nacional.

Las reacciones en el PSOE han estallado en cadena. Sus principales dirigentes no han dudado en arremeter contra el juez Peinado, al que acusan abiertamente de "utilizar su tribunal como un arma partidista contra Begoña Gómez".

El tono de los reproches hacia el magistrado ha seguido escalando con pronunciamientos como el de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

A través de sus redes sociales, Bernabé no ha dudado en tildar el proceso de "persecución vergonzosa, obsesiva y delirante", lanzando además un dardo personal al instructor al asegurar que "el padre de la concejala del PP hace lo que puede y más allá", en alusión al entorno familiar de Peinado.

En el ala del Gobierno, la vicesecretaria general del PSOE y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, ha calificado de "desmedida y desproporcionada" la batería de medidas cautelares impuestas por el magistrado.

A través de su cuenta en X, Montero ha denunciado que las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez son una resolución "más propia de un juicio político que de un proceso justo contra una persona inocente".

La dirigente socialista ha defendido firmemente que la esposa del presidente "no ha cometido ningún delito" y ha lamentado que la presunción de inocencia quede "sepultada bajo el ruido político y mediático de quienes pretenden destruir a una mujer para hacer daño al Gobierno".

En este sentido, ha sentenciado con rotundidad que "la verdad siempre acaba ganando, para desgracia de manipuladores y sus cómplices".

Por su parte, Elma Saiz ha apuntado a que la sentencia se suma a una "campaña de desgaste" y que Begoña Gómez es para ella un ejemplo "de entereza y dignidad".

Tampoco el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha tardado en contestar al juez Peinado. En un mensaje de X con el hashtag #YoConBegoña el dirigente ha indicado que la actuación del magistrado es una "desvergüenza".

"Que este señor siga siendo juez dice mucho de cómo funcionan algunos en este gremio. ¿Dónde está el CGPJ?", se ha preguntado para, en el renglón siguiente, recordar aquel mensaje del expresidente Aznar alegando que "el que pueda hacer que haga".

Esto último está ahora, según el portavoz, en su "máxima expresión".

Desde los socialistas europeos también ha habido respuesta. La presidenta del grupo parlamentario actual de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Iratxe García, se ha sumado al hashtag y ha indicado que se trata de un "daño irreparable".

Además, ha añadido que "la verdad y la justicia finalmente prevalecerá".

Con este movimiento, el socialismo eleva la presión y denuncia en bloque una supuesta instrumentalización de la justicia.

Queja al CGPJ

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la "más enérgica queja" contra el juez Peinado por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su auto sobre Begoña Gómez, algo que considera "un hecho de máxima gravedad".

En su decisión, el magistrado indica que "no cabe duda" de que los agentes "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Es por eso que el Ministerio del Interior ha informado en un comunicado de la queja de Marlaska, quien avisa de que las "sospechas injustificadas" de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".

Y añade que el ministro ha decidido informar de estos hechos a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, "al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

Además, Marlaska ha defendido "la plena profesionalidad" tanto de los agentes que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como de sus superiores jerárquicos cuya actuación, según ha afirmado, "se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".