Dos guardias civiles afirman que Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, ordenó no ser proactivos en investigaciones de corrupción que afectaran al PSOE.
Los agentes aseguran que se exigió un informe policial que exonerase a David Sánchez, hermano del presidente, en la causa por presunta adjudicación irregular de un puesto público.
El caso, que implica también al exlíder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo, está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Badajoz.
Según los testimonios, estas directrices de inacción fueron transmitidas también por el actual director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas.
Dos agentes de la Guardia Civil han declarado que el exdirector general del Cuerpo Leonardo Marcos dio la orden, a través de su director adjunto operativo (DAO), de "no ser proactivos" contra la corrupción del PSOE.
Y que también exigió elaborar un informe policial que concluyese "que no había nada" en el llamado caso David Sánchez.
Esta causa, que comenzó a investigarse en verano de 2024, cuando Marcos aún era el máximo responsable político de la Guardia Civil, está actualmente siendo juzgada por la Audiencia Provincial de Badajoz.
El pasado jueves fue el primer día en el que el músico David Sánchez, hermano menor del presidente del Gobierno, se sentó en el banquillo de los acusados.
A su lado, Miguel Ángel Gallardo, el exlíder del PSOE extremeño y quien, supuestamente, impulsó la adjudicación irregular de una plaza en la Diputación pacense para el artista, debido a sus apellidos.
Por otro lado, estos dos mismos agentes sostienen que también el actual director adjunto operativo de la Guardia Civil les ordenó "ponerse de perfil" para, en sintonía con lo ordenado por Marcos, "no ser proactivos" en la investigación del caso David Sánchez.
Todo ello aparece recogido en un informe incluido en otro procedimiento judicial. Y así reza: "[Uno de ellos] manifiesta que, por parte del DAO, éste les indicó que, en aquellas investigaciones vinculadas a la corrupción política, y en la misma línea de las directrices trasladadas por el director general de la Guardia Civil, (...) la Unidad investigadora no fuera proactiva respecto a dichas investigaciones".
Fragmento del informe policial que recoge las declaraciones de los dos agentes en el marco del 'caso Leire'.
El DAO —Manuel Llamas lleva en ese cargo desde 2023— se habría pronunciado así en dos reuniones: una, celebrada el 12 de julio de 2024 y otra, cuatro días después. Por entonces, David Sánchez aún estaba investigado y trataba de no acabar siendo juzgado.
Uno de los dos guardias civiles declarantes indicó que, en la primera de las dos reuniones, el propio director adjunto operativo, que estaba presente, recomendó que, en las causas judiciales con incidencia política, fuesen los jueces "quienes tomasen la iniciativa".
Llamas es el máximo responsable operativo de la Guardia Civil desde hace tres años, mientras que el director general es un puesto político nombrado por el Consejo de Ministros. Por tanto, interviene en la designación de este último el ministro del Interior. Quien desempeña este cargo desde 2018 es Fernando Grande-Marlaska.
Marcos ya no es director general de la Benemérita. Fue sustituido en septiembre de 2024 por Mercedes González.
EL ESPAÑOL ha tratado este miércoles de obtener una valoración sobre estos hechos por parte del Ministerio del Interior. Por el momento, no ha obtenido respuesta.
El 'caso Hermano'
Según el calendario de la Audiencia Provincial de Badajoz, está previsto que David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo declaren este jueves en el juicio del también llamado caso Hermano.
En la sesión de este miércoles, precisamente, ha testificado durante toda la mañana Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO), el departamento encargado de las pesquisas de la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez.
Pero el testimonio de los dos agentes sobre el DAO y Marcos no se produjo en el seno del caso Hermano, sino en el de otro procedimiento judicial, aún en instrucción: el denominado caso Leire.
Este miércoles, mientras Balas declaraba en Badajoz, EL ESPAÑOL ha tenido acceso al informe policial que recoge lo declarado por estos dos guardias civiles, que testificaron ante los agentes de la UCO que, en la actualidad, investigan a Leire Díez, la considerada fontanera del PSOE.
El instructor del caso Leire es el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En una de sus últimas resoluciones, este magistrado desveló una supuesta operación, "con cargo a los fondos del Partido Socialista", dedicada a desacreditar a los jueces incómodos para el Gobierno.
Entre ellos, precisamente, Beatriz Biedma, la instructora del caso Hermano. Fue ella, por tanto, quien ordenó a la UCO, en julio 2024, incautar miles de e-mails de David Sánchez, de Gallardo y de otros altos cargos de la Diputación de Badajoz.
De ahí que los dos agentes interrogados por la UCO señalen que se produjeron por entonces esas reuniones en las que Marcos expresó su malestar con esta decisión de Biedma y que, ya fuese de forma directa o a través del DAO, pidiera a esta unidad concreta, a la que pertenece uno de los declarantes, "no ser proactivos".
De hecho, según consta en el informe, Leonardo Marcos habría exigido que se elaborase, "cuanto antes", un atestado policial sobre los correos que fuese exculpatorio, beneficioso para Gallardo y Sánchez. Y que, si hacía falta, los agentes de la Unidad Central Operativa encargados de ello se quedasen "sin vacaciones" de verano.
El pasado lunes, en la segunda sesión del juicio del caso Hermano, la fiscal Begoña García apoyó la decisión de la instructora de ordenar la incautación de esos correos.
Aunque la Fiscalía pide que David Sanchez y Gallardo no sean condenados, García sí describió como proporcional y necesaria la orden de Biedma. Los mails incautados apuntalaron notablemente la acusación contra el hermano del presidente del Gobierno y el resto de encausados.
Varios de ellos demostraban, a juicio de Biedma, que su plaza fue creada ad hoc para él, en detrimento del resto de candidatos.
El músico David Sánchez, hermano menor del presidente del Gobierno, se enfrenta a tres años de cárcel. Por su parte, Miguel Ángel Gallardo enfrenta la mitad: 18 meses de prisión.