El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no irá, por el momento, a la cárcel.
Al filo de las dos y media de este miércoles, ha salido a pie del Tribunal Supremo, tras una breve —e infructuosa— comparecencia ante el juez que le investiga por presuntos delitos de corrupción, Leopoldo Puente.
El instructor no ha podido escuchar, como pretendía, la versión de Ábalos sobre el reciente informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó el patrimonio del diputado.
El exdirigente socialista ha ejercido su derecho a no declarar. Ha alegado que ha acudido a la comparecencia sin defensor: no tiene abogado de su confianza tras haber renunciado —hace sólo dos días— al letrado al que encargó que le asesorase al inicio de este procedimiento, el pasado 7 de noviembre.
Este martes, el instructor consideró que esa renuncia de Ábalos al letrado José Aníbal Álvarez sólo pretendía "forzar" la suspensión de la comparecencia fijada para unas horas después, por lo que tildó la maniobra de "fraude de ley" e impuso que fuera este mismo abogado el que le asistiese hoy.
La ruptura entre letrado y cliente es tal que ambos han llegado por separado al Supremo. En las comparecencias anteriores, compartieron taxi tanto a la ida como a la vuelta.
Ante el juez, el exministro ha insistido en la ruptura con Álvarez como motivo para no declarar. "Fraude de ley sería que renunciara al acta", ha replicado el aforado.
El exministro Ábalos sale del Tribunal Supremo
El exministro, que ha llegado al Supremo a las nueve y cuarto —45 minutos antes de la hora señalada— ha asegurado también que las discrepancias con su letrado vienen de hace tiempo e, incluso, se han difundido en los medios de comunicación.
"No estamos aquí para intercambiar opiniones; esto no es el Congreso", ha zanjado Puente, que en su resolución de este martes ya llamó la atención sobre el hecho de que Ábalos haya esperado al último momento para renunciar al abogado. Y por que lo haya hecho, además, sin designar a otro que le sustituyera.
Riesgo de fuga
Tras la comparecencia, en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado ha expresado que existe un "riesgo cierto" y "creciente" de que el político se fugue de España y se "sustraiga de la acción de la Justicia".
Especialmente, según se acerca un hipotético juicio. Pero ese riesgo no es tan intenso como para mandarle a prisión. Al menos, por ahora.
Además, a ojos de Puente, este peligro queda aminorado con el hecho de que el diputado aún está obligado a presentarse cada 15 días a firmar en un Juzgado. También tiene retirado su pasaporte y prohibido salir de España sin autorización.
No obstante, el juez sí avisa de que, "en lo porvenir", según se acerca el juicio, podría decretar "medidas [cautelares] más gravosas" que las ahora vigentes.
Puente reconoce que "es verdad que el señor Ábalos ha podido disponer de cantidades importantes de dinero opaco". "Tal vez en metálico, tal vez depositados en cuentas de terceros que hasta el momento no han sido halladas", precisa.
También admite que el político cuenta con "ciertos contactos y vínculos internacionales". Sin embargo, la existencia de riesgo de fuga "ha venido siendo conjurada hasta el momento con las medidas cautelares vigentes". Por ello, descarta, a día de hoy, la prisión provisional.
José Luis Ábalos, este miércoles, a su llegada al Tribunal Supremo.
El juez, como "coda final" de su resolución, sí ha reprochado a Ábalos que siga manteniendo su acta de diputado. Hace varios días, como publicó EL ESPAÑOL, el político analizó intensamente los escenarios que se abrían si renunciaba a ella.
Puente subraya su "natural estupor" por que el exministro siga siendo miembro del Congreso, del que cobra unos cinco mil euros brutos mensuales y que tiene encomendadas tan "altas funciones" como "el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley".
El instructor señala los "tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos" que "gravitan" alrededor de Ábalos, representante de la soberanía nacional.
Sin embargo, días atrás, el exministro acabó optando por mantener su escaño y no entregar su acta de diputado. De haberlo hecho, esta causa judicial, conocida ya como caso Ábalos, habría sido derivada a la Audiencia Nacional, ya que Ábalos dejaría de estar aforado.
Esquiva la prisión
Pese a sus temores, el exministro ha esquivado la prisión preventiva. La llave la ha tenido el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no ha pedido esa severa medida cautelar.
Luzón ha explicado que, a su juicio, no se dan las condiciones que señala la ley para esa severa medida cautelar.
El fiscal no aprecia un claro riesgo de fuga: Ábalos perdería sus únicos ingresos conocidos, los del Congreso, ha dicho. Tampoco ve peligro de reiteración delictiva ni de modificación o destrucción de pruebas.
A su vez, Luzón ha indicado que el aforado está cumpliendo las medidas cautelares ya impuestas (carecer de pasaporte, tener prohibido salir de España sin permiso y comparecencias quincenales en un Juzgado).
Y ésa ha sido la postura que, finalmente, ha acabado adoptando el juez.
Un instructor no puede tomar ninguna medida cautelar si las acusaciones no la solicitan. Aunque las acciones populares sí han pedido la prisión preventiva del exministro, Puente se apoya habitualmente en el fiscal. Así ha ocurrido, de nuevo, este miércoles.
Acusaciones populares
Las acusaciones populares que intervienen en este proceso son un conglomerado heterogéneo que va desde Hazte Oír a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).
Están agrupadas y su voz en el Supremo es el PP, el primero en personarse en este procedimiento. Ocho de las nueve organizaciones —todas, menos Adade— han pedido la prisión preventiva de Ábalos.
El letrado del PP ha solicitado, de forma subsidiaria, que se imponga al aforado una fianza de 650.000 euros. No ha ocurrido así. De hecho, el juez ha tachado de "importantísima" la cantidad económica solicitada.
Para todas las fuentes consultadas, era impensable que Puente encarcelara a un diputado apoyándose tan sólo en las acusaciones populares. Las mismas fuentes señalaron que lo probable es que el magistrado siguiese el criterio de Anticorrupción.
La comparecencia de Ábalos tenía como objeto escuchar lo que pudiese decir sobre el informe de la UCO en el que se analiza su patrimonio y finanzas.
Los investigadores han concluido que tanto Ábalos como su asistente, Koldo García, han manejado "ingresos irregulares y opacos" en efectivo. Fondos que aumentaron, además, durante su etapa en el Ministerio de Transportes.
Sobre con el logo del PSOE y con el nombre de Ábalos anotado.
El informe de la UCO concluye, además, que ambos cobraron dinero, en efectivo, del PSOE, a cambio de los gastos que cargaron al partido. No obstante, el documento también menciona abonos "sin respaldo documental".
El dosier incluye, a su vez, la imagen de un sobre relleno de dinero, con el logotipo del PSOE impreso y el nombre de Ábalos anotado a lápiz en él.
Tal y como expresa el juez, lo desvelado por este informe "viene a incrementar (...) la existencia y robustez de los mencionados indicios" de criminalidad en su contra.
Puente señala que la UCO reveló que Ábalos, durante los años que fue ministro de Transportes, de 2018 a 2021, no retiró dinero de sus cuentas bancarias y "efectuó, sin embargo, significativos ingresos en metálico en esas mismas cuentas".
Y, de nuevo, el instructor remarca que el exministro "podría haber obtenido ilícitos rendimientos económicos [supuestas comisiones ilegales] a cambio de la indebida adjudicación de obras públicas" cuando era titular de Transportes.