El fiscal general, Álvaro García Ortiz, firmó ayer un decreto en el que acuerda crear un equipo conjunto de investigación sobre las actuaciones de Israel en Gaza, que "serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal".
Ese precepto tipifica el genocidio, término que no se menciona de forma expresa en el decreto. En el documento se habla del "Estado de Palestina" y del "Estado de Israel".
El equipo estará formado por la fiscal de Sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, la exfiscal general Dolores Delgado; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y el fiscal de Sala coordinador de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo.
Llevarán a cabo "las oportunas diligencias de investigación preprocesal" en relación con los hechos cometidos por Israel en la Franja de Gaza, "atendida su especial trascendencia, gravedad y número de víctimas hasta el momento".
"Cualquier prueba, directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país ha de ser incorporada a un marco procesal que permita su utilización posterior", justifica el decreto.
Se trata de preservar los elementos y datos que sea posible recuperar "para que en un futuro puedan ser utilizadas adecuadamente como pruebas de cargo de los delitos cometidos".
La investigación de la Fiscalía fue propuesta por Delgado el pasado 28 de julio tras haber iniciado un expediente como consecuencia de la recepción de un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional relativo a las acciones del Ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza que podrían ser contrarias al Derecho Internacional. La investigación policial se desarrolló en el marco de la Operación Eliat.
Miles de palestinos abandonan Ciudad de Gaza.
El informe policial, explica el decreto, recoge el testimonio de testigos protegidos y se aportan "importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno".
"Los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal", afirma el decreto.
Combatir la impunidad
El documento alude a la actuación que desarrolla la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras una demanda de Sudáfrica contra Israel por la violación de la Convención para la prevención y sanción del genocidio.
La CIJ ha impuesto medidas cautelares que suponen obligaciones al Estado de Israel como las de prevenir que se cometan actos que puedan provocar la muerte de gazatíes, que les causen serios daños físicos o morales, que les impongan condiciones de vida dirigidas a la destrucción, total o parcial, del grupo o que tiendan a evitar nacimientos en dicho grupo.
También se estableció la obligación de adoptar de forma inmediata medidas efectivas para permitir el suministro urgente de los servicios básicos en la Franja de Gaza.
El 3 de marzo de 2021 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación formal sobre los "crímenes que podrían haberse cometido en el territorio del Estado de Palestina", recuerda el decreto.
El 21 de noviembre de 2024 la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, entre otros, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad.
El decreto de García Ortiz alude también al reciente informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas, que ha calificado las acciones de Israel en Gaza como genocidio.
En virtud de acuerdos internacionales "nuestro país ha asumido la obligación de prestar la debida colaboración y canalizar la asistencia que se precise de los órganos competentes para la investigación de las conductas que se están produciendo, lo que legitima la apertura de diligencias de investigación en el marco de las competencias del Ministerio Fiscal para hacer real y efectivo el principio de cooperación internacional", señala el fiscal general.
"En el contexto actual, se hace necesaria la cooperación entre los Estados para satisfacer las demandas de justicia y seguridad de los individuos y de la sociedad, así como para luchar contra la impunidad de manera efectiva", añade.
La iniciativa de la Fiscalía española, similar a la que se acordó sobre la invasión de Ucrania por Rusia, será comunicada a la Corte Internacional de Justicia y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.