El Consejo General del Poder Judicial ha reaccionado con un acuerdo crítico a la resolución adoptada el pasado lunes por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que reclamó los indultos a los presos del procés, la retirada de las euroórdenes contra Carles Puigdemont y sus exconsejeros fugados en Bélgica y la reforma del delito de sedición para reducir las penas. La Asamblea del Consejo de Europa equipara la situación de España con Turquía.
En una declaración acordada este miércoles por la Comisión Permanente, bajo la presidencia de Carlos Lesmes, el órgano de gobierno de los jueces españoles subraya los errores de planteamiento en que incurre la Asamblea del Consejo de Europa, que considera que los líderes del 'procés' fueron condenados por "declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos en apoyo del referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña".
El CGPJ recuerda que los encausados por el 'procés' "fueron condenados después de un juicio público y con todas las garantías procesales por delitos de sedición y de
malversación de caudales públicos, en aplicación del Código Penal aprobado en 1995 por el poder legislativo y cuyos impulsores bautizaron como el 'Código Penal de la democracia"".
"Las condenas en ningún caso se impusieron por la expresión de opiniones, tal y como señaló el Tribunal Supremo en su sentencia al decir que: 'No se castiga por difundir opiniones o doctrinas contrarias al actual estatus constitucional. Tampoco por propugnar una superación del marco político vigente".
Por qué fueron condenados
El Supremo argumentó que "las mismas ideas que han defendido los acusados les han permitido concurrir a elecciones legislativas. Esas ideas secesionistas son las que siguen dando vida al Gobierno autonómico de Cataluña. Su legitimidad no se cuestiona. Lo que es objeto de reproche penal es haber pulverizado el pacto constitucional, y hacerlo mediante la aprobación de leyes en abierta y contumaz desatención a los requerimientos del Tribunal Constitucional. Lo que se sanciona, en fin, no es opinar o defender una opción rupturista, sino definir una legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a una multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la autoridad judicial, celebrando un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyo resultado era la condición necesaria para la entrada vigor de la ley de transitoriedad, que implicaba la definitiva ruptura con la estructura del Estado”.
El acuerdo del CGPJ destaca que de la mera lectura de la sentencia "se deduce con toda claridad que los políticos secesionistas catalanes condenados en modo alguno lo han sido por sus ideas políticas ni por la libre expresión de las mismas. Tampoco por el legítimo ejercicio del derecho de reunión y manifestación en apoyo de sus creencias y convicciones".
Acoge, en este sentido, el contenido de la nota de prensa emitida el 3 de junio por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el sentido de que la resolución de la Asamblea del Consejo de Europa “parte de un planteamiento erróneo, a saber, la presunción de que los líderes políticos independentistas fueron procesados por expresar sus ideas en el ejercicio de su mandato” y de que “ese prejuicio contamina todo el texto".
Para el órgano de gobierno del Poder Judicial, la resolución parlamentaria aprobada a propuesta del diputado letón Boriss Cilevics incurre en "contradicciones" porque, tras afirmar su "respeto a la independencia de los tribunales españoles", invita a las autoridades españolas a que dejen sin efecto los procedimientos penales de entrega de los procesados prófugos de la Justicia y se abandone también el resto de los procedimientos penales que se siguen a funcionarios de menor rango implicados en el
referéndum ilegal.
La Comisión Permanente "deplora que en el seno del Consejo de Europa, que tiene como objetivo declarado, entre otros, la defensa, protección y promoción del Estado de Derecho, se haya aprobado un informe que incluya recomendaciones dirigidas a los jueces españoles para que tomen decisiones en un determinado sentido en relación con la persecución de delitos, obviando los principios de legalidad, separación de poderes, independencia judicial e igualdad en la aplicación de la ley".
El comunicado del CGPJ ha salido adelante con el acuerdo de todos los miembros de la Comisión Permanente, aunque algunos vocales propuestos por el PP han propugnado incluir términos más duros contra la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.