Así sedujo el separatismo al letón Boris Cilevics, autor del papel del Consejo de Europa contra España

Lo hacía apenas un año antes de haber redactado el polémico informe que el Consejo de Europa votará el próximo 21 de junio, en el que se tilda de "desproporcionada" la condena por sedición a Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas encarcelados, y que aplaude una decisión como la del indulto -o la simple "liberación" de los condenados- que ya prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Cilevics no se esforzó mucho entonces, en una Cataluña bajo la presidencia aún de Quim Torra -quien prescisamente por aquella época llegó a reunirse por primera vez con Sánchez en la llamada "mesa de diálogo"- en mostrar o fingir neutralidad.

Baste como prueba el hecho de que renunció expresamente a reunirse con el que entonces era el primer partido del Parlameto catalán, Ciudadanos, así como con el PP, que también lo solicitó infructuosamente.

Sí se citó, en cambio, con quien ostentaba la presidencia del Parlament, Roger Torrent, de ERC; con la Asamblea Nacional Catalana (ANC); y también acudió a la cárcel de Lledoners, para verse durante tres horas con los líderes independentistas encarcelados. 

"Desprecio total"

La ex diputada del partido naranja, Susana Beltrán, esperó al dirigente letón cuando éste se encaminaba al despacho donde se reuniría con el presidente de la Cámara autonómica, y le abordó para mostrar su queja, como relata a EL ESPAÑOL.

"No tuvo ningún interés en reunirse con nosotros, y yo se lo reproché porque me pareció un desprecio total al que era el primer partido de Cataluña", recuerda Beltrán, quien tras las elecciones de febrero ha regresado a su puesto como profesora de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Cilevics pretendía, recuerda Beltrán, una reunión conjunta con todos los grupos del Parlament, con independencia de su representatividad, algo que la exparlamentaria considera que hubiera sido un "tongo político". Lo propio, a su juicio, hubieran sido reuniones bilaterales y privadas con todos, y no sólo con los grupos o asociaciones del separatismo. 

Con ese parcial bagaje de Cataluña se quedó este relator para elaborar posteriormente su prolijo informe sobre lo vivido en esa Comunidad Autónoma desde el año 2017, cuando en otoño se convocó el referendum ilegal y se proclamó la declaración unilateral de independencia.

El informe ha recibido fuertes críticas de los partidos de la oposición en España, y el PP cree que el Ejecutivo debería hacer lo posible por frenarlo. Los independentistas, en cambio, lo consideran una ratificación de sus tesis, principalmente la de que en España no hay una Justicia independiente.

Laya defiende el informe

Algo que se ha visto obligada a refutar la ministra Arancha González Laya, tanto en un comunicado oficial de Asuntos Exteriores como en su respuesta la semana pasada en el Senado al senador de Junts Per Catalunya, Josep Lluis Cleríes, al que incluso conminó en la Cámara Alta a "leer bien" el texto.

Es cierto que el informe, además del aval a tesis independentistas como la "desproporción" de las penas de sedición y malversación impuestas en octubre de 2019 por el Tribunal Supremo (TS) también aprecia que hubo una "ruptura del orden constitucional" y que el 1 de octubre se llevó a cabo un referéndum ilegal en Cataluña.

Lo más probable, a estas alturas, es que el informe salga aprobado en su integridad en el plenario del Consejo de Europa del día 21, que se celebrará de manera "híbrida".

Es decir, en parte presencialmente y en parte de manera telemática por parte de los parlamentarios de los más de 40 estados (muchos más que los 27 de la Unión Europea) que forman este organismo, nacido a final de los años cuarenta, después de la Segunda Guerra Mundial.

El texto contiene errores de bulto sobre lo sucedido en 2017. Por ejemplo, cuando asegura que el Ministerio del Interior tenía el control de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O, cuando en realidad eso ocurrió a finales de octubre, tras aplicarse, por primera vez en la democracia, el artículo 155, consensuado entre el presidente Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición.