El extesorero del PP Luis Bárcenas se sienta este lunes por segunda vez en el banquillo por la presunta utilización de dinero negro para pagar parte de la reforma de la sede central del partido y para que su antecesor, Álvaro Lapuerta, ya fallecido, adquiriera acciones del medio Libertad Digital, según la acusación del fiscal anticorrupción Antonio Romeral.
El nuevo juicio a Bárcenas comienza cinco días después de que el extesorero dirigiera un escrito a la Fiscalía en el que anuncia su intención de "colaborar" con la Justicia en las investigaciones en marcha sobre el caso Púnica y sobre las anotaciones en las que él mismo plasmó la recepción y el destino de presuntas donaciones ilegales que el PP habría recibido desde los años 80 y hasta 2008.
Teléfono rojo, vamos hacia Génova.
Bárcenas, en un nuevo cambio de versión respecto a lo que sostenía hasta ahora, asume en ese escrito como ciertas las acusaciones del fiscal, que pide para él un total de cinco años de prisión por tres presuntos delitos: apropiación indebida (por cooperar a que Lapuerta se quedara con los 209.550 euros que obtuvo en 2007 al vender las acciones de Libertad Digital) y falsedad documental en relación con un delito fiscal (por inducir y cooperar con la empresa Unifica, que realizó la reforma de la sede del PP, en la presentación de certificaciones de obra falsas para eludir el pago de impuestos).
Confesión sin riesgo
El fiscal tendrá que decidir al finalizar la práctica de la prueba si rebaja su petición de pena a Bárcenas en virtud del reconocimiento de los hechos. Pero, aunque no fuera así, la confesión de culpabilidad que ahora realiza el extesorero del PP no tiene para él ningún riesgo porque una eventual condena no incrementaría el tiempo efectivo que pasará en prisión. Bárcenas ya cumple 29 años de cárcel por el caso Gürtel y, en el caso de un fallo adverso en este segundo juicio, la nueva pena quedaría subsumida en la anterior.
Además, éste será -en principio y dependiendo del alcance de la "colaboración" que ha anunciado- su último juicio como acusado desde que a finales de 2012 se descubriese que llegó a tener en Suiza 47 millones de euros cuya procedencia nunca ha aclarado y tampoco parece dispuesto a desvelar ahora.
Su confesión, en cambio, sí puede tener efecto sobre los acusados con los que comparte banquillo: Gonzalo Urquijo y Belén García, administradores de Unifica, y Cristóbal Páez, sucesor de Bárcenas en la gerencia del PP.
El Partido Popular también está hoy, por segunda vez, en el banquillo, aunque no como autor de infracciones penales ni tampoco como beneficiario de los presuntos delitos (en Gürtel fue condenado como partícipe a título lucrativo a devolver 245.493 euros por actos electorales pagados en B por el Grupo Correa en las localidades madrileñas de Pozuelo y Majadahonda).
En esta ocasión las acusaciones solicitan que el PP sea declarado responsable civil subsidiario junto a Unifica, en el supuesto de que los acusados fueran condenados y no hicieran frente al pago a Hacienda de la cantidad defraudada, que el fiscal cifra en 194.503 euros.
Existe una enorme diferencia entre los hechos objeto de acusación por el fiscal, de un lado, y las acusaciones populares que ejercen IU, Adade, Desc y varios militantes socialistas, de otro.
El fiscal ciñe su acusación a los dos hechos que fueron considerados indiciariamente delictivos por el juez Pablo Ruz en marzo de 2015, cuando dio por terminada la instrucción de los llamados papeles de Bárcenas y dictó el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.
El instructor apreció indicios delictivos en la utilización de 888.000 euros de la caja B del PP en 2008 para reformar la sede de la calle Génova y de 139.700 euros para la compra de acciones de Libertad Digital por Álvaro Lapuerta en 2004.
Pero Ruz archivó el procedimiento respecto a las presuntas donaciones realizadas por una veintena de empresarios que, aunque serían ilícitas por su opacidad, no consideró delictivas por dos motivos: porque en el momento en que realizaron no existía el delito de financiación ilegal de partidos, que se introdujo en el Código Penal en 2015, y porque no se hallaron indicios de que tuvieran una contraprestación en forma de adjudicaciones o contratos públicos para los donantes, lo que para el juez descartaba el cohecho y el tráfico de influencias.
Pese a ello, las acciones populares han incluido en sus escritos de acusación tanto los presuntos ingresos en la caja B procedentes de donaciones como la utilización de éstas para finalidades como el pago de sobresueldos a cargos del partido o gastos electorales.
El PP planteará hoy como cuestión previa que sean expulsados de los escritos de acusación todos los hechos que excedan del auto de transformación en procedimiento abreviado que dictó el juez instructor. Y pedirá también que la prueba testifical se ciña a los dos únicos hechos que, a su parecer, se deben dirimir en la vista: la reforma de la sede y la compra de acciones de Libertad Digital.
"Un 'show' contra el PP"
"Las aciones populares han incluido acusaciones por infracciones prescritas, como el delito electoral; delitos fiscales correspondientes a ejercicios como el de 2006, que está prescrito, o que no son objeto de acusación ni por el fiscal ni por la Abogacía del Estado, por lo que habría que aplicar la doctrina Botín; han incluido hechos que eran penalmente atípicos desde el punto de vista de la financiación del partido, como las donaciones, y que además están siendo investigadas actualmente en otro proceso", afirman fuentes del PP.
A su parecer, movidas por "intereses políticos y no jurídicos", las acusaciones populares "buscan convertir el juicio en un show contra el PP".
Los "excesos" de los escritos de acusación presentados por las acciones populares -tesis que puede ser apoyada por el fiscal- llevarán al PP a solicitar una criba de los testigos propuestos. Entre ellos se encuentran los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy; exdirigentes del partido como Ángel Acebes y Dolores de Cospedal e incluso personas que ni siquiera declararon en la fase de instrucción, como el marido de esta última, Ignacio López del Hierrro, además de los empresarios que habrían realizado las donaciones.
Tras el planteamiento de las cuestiones previas, el juicio podría verse interrumpido no sólo para que la Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional pueda resolverlas sino también porque uno de los acusados, Cristobal Páez, ha contraído la Covid-19. Hoy está previsto que siga la sesión por videoconferencia desde su domicilio.