Los fiscales anticorrucpión Ignacio Stampa y Miguel Serrano se han opuesto a la petición que ha formulado al juez García-Castellón la exasistente de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, para que cite a declarar al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó y a otros tres mandos de la cúpula policial del último Gobierno del PP.

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La abogada de Bousselham, Marta Flor Núñez, presentó el 24 de agosto un escrito para que el instructor del caso Tándem "reconduzca" la investigación, abierta el 19 de marzo de 2019 para aclarar la implicación del excomisario Villarejo en la divulgación a través de OKDiario de mensajes del móvil de Bousselham perjudiciales para la imagen de Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos y actual vicepresidente segundo del Gobierno. Los investigadores del caso Tándem encontraron en el domicilio de Villarejo una copia de los archivos el móvil de Dina, que le fue sustraído en Alcorcón el 1 de noviembre de 2015.

¿Víctimas?

Bousselham e Iglesias insisten en que han sido víctimas de una estrategia deliberada de la llamada 'policía patriótica' contra Podemos, pese a que la investigación ha arrojado evidencias de la falta de lealtad de su comportamiento procesal. Dina ha tenido que acabar reconociendo que hizo capturas y envió a terceros los mensajes almacenados en su móvil que fueron objeto de publicación, lo que difumina que la filtración pudiera venir de Villarejo. Y, por lo que respecta a Pablo Iglesias, el juez, a propuesta de los fiscales anticorrupción, le ha retirado la condición de perjudicado tras descubrirse que retuvo durante meses en su poder una copia de la tarjeta de memoria del móvil de Dina que le llegó a través de Interviu, sin devolvérsela a la interesada.

Además, ni Dina ni Iglesias han querido aclarar cuándo y en qué condiciones el segundo le devolvió a su exasistente la tarjeta del móvil, que posteriormente fue entregada al Juzgado con daños tales que no se puede acceder a su contenido.

Pero, pese a todo ello, la abogada de Bousselham ha pedido al juez que llame a declarar -el escrito comete la relevante omisión de no concretar en qué condición- a Cosidó; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que en abril de 2016 viajó a Nueva York para intentar obtener de exaltos cargos chavistas información sobre la financiación de Podemos.

Pretende que se esclarezca el supuesto "origen policial" de la sustracción del móvil, así como una presunta cesión de los archivos en poder de Villarejo a sus superiores en la DAO con el fin de elaborar el Informe Pisa e investigar la financiacion de Podemos. 

En la misma línea de Iglesias, Bousselham sostiene que "existen indicios suficientes para sospechar que se realizaron investigaciones a Podemos y sus miembros, presuntamente con cargo a los fondos reservados del Estado, ordenadas desde el Gobierno a los mandos de la Policía. Y en dicho contexto se produce el robo del móvil”.

Según la exasistente de Iglesias, "todas las actuaciones ocurridas desde el robo del móvil, pasando por el informe PISA, la publicación de los datos del móvil y los informes falsos que al parecer elaboró la llamada 'policía patriótica'" estarían relacionados y apuntarían a la cúpula policial del PP.

Los fiscales anticorrupción no están dispuestos, sin embargo, a transformar una pieza del caso Tándem cuyo objeto está definido -la investigación del presunto delito de relevación de secretos relacionado con la difusión de los mensajes del móvil de Dina- en una formidable plataforma procesal para Podemos en la que se indaguen hechos que nada tienen que ver con el objeto de la pieza Dina

Citación de Dina y Sa Ferreira

En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Stampa y Serrano -a los que llamativamente se atribuye una especie de connivencia con Podemos que no se compadece con su actuación real en el procedimiento- afirman que "las diligencias interesadas no se entienden pertinentes, ya que no constituyen el objeto material de la misma".

Más aún, en otro escrito presentado hoy mismo, Stampa y Serrano piden a García-Castellón que vuelva a tomar declaración a Bousselham y cite también a su expareja, Ricardo sa Ferreira, para aclarar cuándo devolvió Iglesias la tarjeta SD del móvil sustraído y explicar por qué, si afirman que el líder de Podemos se la entregó en junio o julio de 2016, tardaron más de un año (septiembre de 2017) en enviarla a un laboratorio de Gales para intentar recuperar los datos.