El ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, que se ha convertido en el más dañino testigo de cargo contra su antiguo partido tras denunciar en un Juzgado de Madrid irregularidades contables y métodos de funcionamiento nada democráticos, ha sido citado a declarar por el juez de la Audencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye el caso Tándem contra el comisario José Manuel Villarejo.
La declaración, prevista para el próximo 2 de septiembre, se producirá en el marco de la pieza Dina, en la que se investiga un presunto delito de revelación de secretos por la aparición en varios medios de comunicación de mensajes, vídeos y fotos contenidos en el móvil perteneciente a una antigua asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, que denunció el robo del aparato.
García-Castellón quiere que Calvente explique en qué se basa para haber manifestado, en una entrevista a El Mundo, que "el caso Dina era un montaje". En un chat del equipo legal de Podemos, Calvente ya advirtió el 28 de julio de 2016, tras la aparición de los primeros mensajes del móvil de Bousselham, que era "una filtración de alguien del grupo o de algún amigo de alguien del grupo" porque "son pantallazos mientras otros escriben. Lo cual descarta un móvil robado".
Objetivos políticos
El juez del caso Tándem está empeñado en aclarar si Pablo Iglesias y Dina Bousselham han instrumentalizado a los tribunales con el objetivo de rentabilizar políticamente la pieza Dina a sabiendas de que "no hay caso", como sostiene Calvente.
La posición del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos es cada vez más comprometida en esa pieza tras la aparición de indicios de que Iglesias tuvo en su poder durante meses la tarjeta de memoria del móvil de su exasesora sin comunicárselo a ella y, cuando se la devolvió, el dispositivo aparecía dañado.
Los sucesivos cambios de versiones de la propia Bousselham buscando a toda costa ayudar a Iglesias han afianzado las sospechas del instructor, que está a la espera del resultado de diligencias con las que pretende aclarar si los daños que presentaba la tarjeta fueron intencionados.
El pasado mayo García-Castellón retiró a Pablo Iglesias la condición de perjudicado -que le permitió ir a declarar a la Audiencia Nacional poco antes de las elecciones de abril de 2019 presentándose como víctima de "una trama criminal que vincula a policías, medios de comunicación y grandes empresarios"- después de que la investigación no haya permitido determinar que el filtrador de los datos del móvil de Bousselham fuera Villarejo.
La propia Dina ha acabado admitiendo que ella envió información de su tarjeta de memoria SD a terceros.
Comprometida posición de Iglesias
Pero se supo, sobre todo, que quien sí tuvo la tarjeta del teléfono de Dina fue el propio Iglesias, que la recibió del presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016. En esa fecha Villarejo no tenía esa información. Los archivos de la tarjeta de Dina encontrados en los ordenadores del antiguo comisario fueron creados posteriormente, en abril y julio de 2016.
En una resolución dictada el pasado junio, en la que García-Castellón reiteraba sus sospechas sobre la actuación del vicepresidente del Gobierno y ratificaba la pérdida de su condición de perjudicado, el juez afirmaba que "Pablo Iglesias Turrión ocultó a Dina Bousselham la posesión de la tarjeta de memoria" de su móvil y, "pese a ser conocedor del contenido de la tarjeta y de la sustracción de la misma, no se la devolvió la tarjeta hasta tiempo después", lo que "tuvo consecuencias para el esclarecimiento de los hechos investigados".
Iglesias tuvo en su poder la tarjeta, vio la información "personal e íntima" que contenían sus archivos, sabía que había sido obtenida de forma ilícita al ser producto de un robo y, sin embargo, no devolvió la tarjeta a Dina ni cuando él la recibió (enero de 2016) ni cuando empezó a ser difundida en los medios (julio de 2016) y ello pese al "carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación", añadió el instructor.
Esa "pasividad" de Iglesias "confirma (de nuevo) que no puede ser tenido por perjudicado en ningún caso" ya que "no hizo nada" cuando el contenido de la tarjeta empezó a ser difundido.
Ello "tuvo influencia en la investigación de los hechos", destacaba el juez, porque Bousselham, que se personó en agosto de 2016 en el procedimiento abierto por el robo de su móvil para denunciar que determinados mensajes estaban apareciendo en la Prensa, no pudo aportar la tarjeta de memoria que, sin embargo, estaba en poder de su jefe político desde el mes de enero anterior.