El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ampliado un año más, hasta el 29 de julio de 2021, la investigación de la presunta financiación irregular del Partido Popular que se inició con los llamados 'papeles de Bárcenas'.
La nueva ampliación se produce después de cinco años de instrucción y cuando ya se había fijado un plazo máximo de finalización de las diligencias, que debían terminar el próximo viernes.
Pero una reforma procesal aprobada el pasado julio a instancias de Podemos y el PSOE ha puesto a cero el contador de los plazos de instrucción.
El nuevo régimen aplicable a las investigaciones judiciales penales establece que se desarrollarán en un período máximo de doce meses, pero si se constata que no será posible finalizarlas, el juez puede acordar sucesivas prórrogas -ilimitadas- de seis meses de duración cada una de ellas.
La reforma legal contó con el rechazo del PP, que intentó una aproximación al PSOE para que la modificación no se aplicara a las instrucciones que ya estuvieran iniciadas antes de las aprobación de la norma.
Contador a cero
Pero los socialistas no accedieron y la reforma establece de forma expresa que los nuevos plazos de instrucción se aplicarán "a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la ley". A estos efectos, el día de entrada en vigor -que fue el pasado 29 de julio- debe ser considerado "día inicial" para el cómputo de los plazos.
De esta forma, todas las causas en instrucción han recomenzado el 29 de julio a efectos del tiempo que deben durar, aunque lleven años tramitándose.
Esta previsión ha afectado, muy en particular, a las causas sobre presuntos de corrupción que afectan al PP o a sus cargos públicos, como Púnica, Lezo o los papeles de Bárcenas.
En este último procedimiento, el juez de la Mata acaba de dictar un auto por el que "quedan sin efecto las resoluciones judiciales y plazos que hayan podido dictarse en esta causa hasta la fecha, que quedan sustituidos por la presente resolución y por el plazo que ahora establece".
El nuevo plazo para terminar de investigar los 'papeles de Bárcenas' "vencerá el día 29 de julio de 2021, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por períodos iguales o inferiores a seis meses que puedan acordarse, si procediera, antes de la finalización de este plazo", indica el instructor.
La investigación de los documentos en los que el extesorero del PP Luis Bárcenas anotó durante años los ingresos y gastos de una presunta caja B del partido comenzó el 7 de marzo de 2013 escindida del caso Gürtel. Bárcenas, juzgado ya en la pieza principal de esa causa, está cumpliendo 33 años y cuatro meses de prisión tras haber ingresado en la cárcel de Soto del Real el 28 de mayo de 2018. Se trata de una condena no firme, que tiene pendiente de examen el Tribunal Supremo.
Cierre y reapertura
Pablo Ruz, en aquella época al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, acordó el 23 de marzo de 2015 el archivo provisional de la pieza relativa a los 'papeles de Bárcenas' salvo en lo relativo a la reforma de las sede del PP realizada en 2008 y que habría sido pagada con fondos de la caja B.
Por ese hecho irán a juicio, en principio señalado para el próximo 8 de febrero, Bárcenas, el antiguo gerente del PP Cristóbal Páez y los arquitectos de la obra. Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy están convocados como testigos a la vista oral.
Ruz consideró que la investigación había arrojado indicios de que el PP se sirvió de "fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada al Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B".
No obstante, declaró prescritos todos los hechos que se desprendían de los 'papeles de Bárcenas' salvo los relativos a la reforma de la sede de Génova, al haberse pagado en 2008.
El 28 de febrero de 2017 el sucesor de Ruz, José de la Mata, acordó dejar sin efecto el archivo provisional de las diligencias y reabrió la investigación al considerar que las declaraciones prestadas en el juicio del caso Gürtel por Francisco Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo aportaban "elementos nuevos". Ambos aseguraron que habían entregado dinero destinado a la contabilidad B del PP.
Desde entonces De la Mata ha insistido en prolongar las diligencias aun con el criterio contrario de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que no se han producido avances significativos y que la investigación está agotada.