La empresaria Corinna Larsen ha recurrido, por ser "nula de pleno derecho", la reapertura de la pieza Carol, la parte del caso Tándem en la que en 2018 se valoró la relevancia penal de las manifestaciones que la examante de Juan Carlos I hizo al comisario jubilado José Manuel Villarejo y que éste grabó a escondidas.

En las grabaciones, desveladas en julio de 2018 por EL ESPAÑOL, se oye a Larsen asegurar que el actual rey emérito habría puesto propiedades a nombre de la empresaria, utilizó estructuras opacas para ocultar patrimonio en el extranjero y habría recibido una comisión por favorecer la adjudicación del tren AVE a La Meca a un consorcio español.

La pieza Carol, abierta en julio de 2018 por el antecesor de García-Castellón, tuvo una breve vida procesal: el juez Diego de Egea la archivó a petición de la Fiscalía Anticorrupción el 7 de septiembre de 2018. El instructor y los fiscales coincidieron en que las afirmaciones de Corinna Larsen relativas a Juan Carlos I -inviolable por cualquier conducta anterior a junio de 2014- no guardaban relación con Villarejo y los indicios que aportaba eran "insuficientes" para formular una querella.

Este último punto es esencial para la propia existencia del procedimiento penal. De ser ciertos, los hechos relativos a la supuesta comisión por el AVE del desierto constituirían un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales cometidas por españoles fuera del territorio nacional. Para la persecución de ese delito por los tribunales españoles, la ley exige que haya una querella del agraviado o del fiscal.

La imposibilidad expresada por la Fiscalía de formular una querella con los solos datos aportados por Larsen fueron determinantes para instar el archivo de la pieza Carol en 2018, si bien Anticorrupción abrió entonces unas diligencias preprocesales con el fin de seguir investigando lo relacionado con la adjudicación del concurso del AVE a La Meca. Éstas son las investigaciones que ahora están en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Reapertura improcedente

La defensa de la empresaria considera que sólo la aparición de nuevos datos relativos a los hechos por los que se inició la pieza Carol justificaría su reapertura.

Pero sucede que el motivo por el que el juez García-Castellón ha retomado la investigación "no guarda relación con los hechos relativos a instituciones básicas del Estado" sino con otros audios grabados subrepticiamente por Villarejo en 2016 y en los que la empresaria alemana le habría encargado averiguar si su asistente personal estaba filtrando datos sobre ella.

"Si se trata de conductas nuevas, presuntamente cometidas en diferentes circunstancias de tiempo y lugar, con intervinientes que sólo parcialmente coinciden con los que fueron objeto de la investigación anterior, procede iniciar un procedimiento nuevo, que en ningún caso puede ser considerado continuación del anterior", sostiene el recurso de Larsen, con apoyo en numerosas resoluciones del Supremo.

Para la defensa de Corinna, tampoco los hechos relativos a la conducta del anterior jefe del Estado podrían ser investigados por García-Castellón en el caso Tándem porque "se apartan por completo" del objeto de este macroproceso y porque son conductas que "si la Fiscalía formulase finalmente querella, darían lugar a un procedimiento autónomo" que no sería competencia de la Audiencia Nacional.

Año y medio de inacción

La indebida reapertura, a su juicio, de la pieza Carol no es el único obstáculo que opone Corinna Larsen.

El recurso sostiene también que el presunto delito de cohecho por el que se ha otorgado a la empresaria la condición de investigada habría sido cometido, supuestamente, en Londres, que es donde Larsen se habría concertado con Villarejo para espiar a la asistente.

Al haber tenido lugar en el extranjero "sería necesaria igualmente la denuncia o querella de la víctima o del fiscal", subraya.

"Ni el delito de cohecho ni el de descubrimiento de secretos pueden perseguirse de oficio sin que previamente se haya interpuesto querella del Ministerio Fiscal (con relación al delito de cohecho) ni denuncia previa de la agraviada (en este caso, supuestamente, la asistente personal), por lo que el juez central de instrucción carecería de jurisdicción".

De otro lado, el recurso destaca que los audios en los que ahora se basa García-Castellón para justificar la reapertura de la pieza Carol fueron entregados por la Policía en enero de 2019, es decir, el juez ha dispuesto de estos elementos durante un año y medio sin que durante este tiempo haya considerado necesario actuar.

La defensa considera que, al afectar la impugnación "a la propia jurisdicción" de García-Castellón, debe aclararse la competencia del Juzgado antes de tomar declaración a Larsen, que está citada para el próximo 8 de septiembre. Pide, por ello, la suspensión de esta citación.

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