El coronavirus como argumento. Ese es, según los distintos expertos consultados por este periódico, uno de los motivos más sólidos que podrá alegar Corinna Larssen para evitar el paseíllo en la Audiencia Nacional. Ha sido citada a declarar como investigada el próximo 8 de septiembre.

El juez Manuel García Castellón ha reabierto la pieza Carol. Indaga un presunto delito de cohecho cometido por José Manuel Villarejo y la empresaria alemana. Las averiguaciones parten de las cintas publicadas por EL ESPAÑOL en julio de 2018. Las conversaciones tuvieron lugar en Londres tres años antes, 2015.

Corinna, en aquel audio, aseguraba haber actuado como testaferro de Juan Carlos I, aunque el punto que ha desatado su citación ha sido el encargo a Villarejo que verbalizó la alemana: la presunta obtención de datos -a través del entonces comisario, un funcionario público- de una persona que "filtraba información sobre su vida privada". ¿Se materializó? ¿Existió un pago? Son las dos preguntas en torno a las que girarán las actuaciones de la Justicia.

Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, augura la videoconferencia como camino más probable. El ruido mediático que generaría su presencia en España y la dinámica ascendente del coronavirus en el país serán, a su juicio, dos de los principales motivos tenidos en cuenta por la Audiencia Nacional.

Debido a su condición de investigada, tiene la obligación de comparecer, aunque podría guardar silencio ante las preguntas e incluso mentir. No habría sido así en caso de haber sido tipificada como testigo. Gimbernat explica que Corinna deberá plegarse ante la llamada de la Justicia. Si se niega a la videoconferencia, el magistrado "exigirá su extradición".

Ignacio Gordillo fue fiscal de la Audiencia Nacional durante treinta años. Afrontó una gran cantidad de procesos similares al de Corinna. En charla con este diario, también se inclina por la videoconferencia como opción más probable, aunque reseña la posibilidad de que un juez, mediante comisión rogatoria, vaya a Londres a interrogarla.

Agustín Ruiz Robledo, por su parte, también refiere los rebrotes del virus como principal sustento de esa videoconferencia que libraría a la empresaria del paseíllo. "Podría decir que, si viniera a Madrid, debería encerrarse catorce días en casa. Creo que es un argumento de peso".

Este catedrático de la Universidad de Granada dice que este procedimiento es más frecuente en el caso de los testigos, pero no prevé que los jueces la "obliguen a venir a España".

Mario Pereira, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Navarra, difiere de los anteriores entrevistados. Cree que existen serios indicios de un delito de cohecho y que "no sería común" que le concedieran ese privilegio.

Además, destaca que los abogados de Villarejo -el otro presunto actor de un delito de cohecho- podrían recriminar a la Justicia "un tratamiento de favor". A Pereira el virus no le parece razón "suficiente" como para eximir a Corinna de su presencia en la Audiencia Nacional: "No debería descartar siquiera que tenga que venir y quedarse como detenida".

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