El Congreso tiene previsto votar este jueves la propuesta de la Comisión del Estatuto de los Diputados favorable a autorizar a la Sala Penal de Tribunal Supremo a proceder penalmente contra la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, contra la que aparecieron indicios de delitos de corrupción durante la instrucción de unas diligencias en un Juzgado de Barcelona. 

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La causa de la Sala Penal contra Borràs, abierta el pasado diciembre a la vista de la exposición razonada elevada por la jueza de Barcelona, se encuentra paralizada a la espera de la decisión de la Cámara, que previsiblemente estimará el suplicatorio judicial.

Ello permitirá al magistrado del Supremo Eduardo de Porres, nombrado instructor del procedimiento, obligar a Borràs a que comparezca como investigada. La diputada de JxC se negó a acudir voluntariamente a la primera citación de Porres, el pasado 14 de febrero. Ello hizo inevitable el suplicatorio a la Cámara.

En la petición de autorización dirigida al Congreso, el magistrado califica de "sólidos" los indicios existentes contra Borràs por presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental.

Según el instructor, Borràs, "abusando de sus funciones" como directora del Instituto de las Letras Catalanas (ILC) y "contraviniendo los principios de imparcialidad y objetividad que como órgano de contratación debía respetar", durante el período de 2013 a 2017 adjudicó directa o indirectamente "de manera arbitraria" los contratos de programación informática de la ILC a favor de un amigo, Isaías H.F.

Adjudicación a un amigo

Borràs era la que proponía la contratación, acordaba la adjudicación, resolvía aprobar el gasto, certificaba la ejecución del trabajo para abonarlo y autorizaba el pago. Y,  siendo "conocedora de la prohibición legal" de fraccionar un mismo objeto contractual en varios contratos, hizo sucesivas adjudicaciones a favor de su amigo inferiores a 18.000 euros "evitando que esa contratación se hiciera por concurso público".

De esta forma, un total de 18 contratos menores por un importe global de 259.863

euros fueron adjudicados por la ILC a Isaías H., en unos casos de forma directa y en otros a través de sociedades.

Durante la investigación se descubrieron correos electrónicos que ponían de manifiesto que Borràs y su amigo se habrían concertado para "simular" la concurrencia de otras empresas o personas a las adjudicaciones, presentando presupuestos "falsos".

"La finalidad última de estas operaciones", considera el instructor del Supremo, "fue beneficiar los intereses Isaías H. causando con ello un claro perjuicio al

erario público, ya que Laura Borràs, de común acuerdo con el anterior, fijaba los importes de las facturas a las que se adecuarían los presupuestos para que las sucesivas adjudicaciones se tramitaran como contratos menores, teniendo conocimiento de que, independientemente de a quién se adjudicara formalmente cada contrato menor, finalmente el trabajo de infraestructura informática de la web del ILC lo cobraba Isaías".

La Guardia Civil, que asumió la investigación como Policía Judicial de la jueza de Barcelona tras la destitución de los Mossos d'Esquadra por la existencia de filtraciones, comprobó que en tres de las adjudicaciones realizadas en 2013 comparecieron, entre otras empresas, una entidad llamada Lab Hermeneia, de la que no figuraba su NIF.

Conflicto de intereses

Los investigadores comprobaron que se trataba de un colectivo creado por la propia Borrás, que fue directora del mismo, "lo que ponía en evidencia un conflicto de intereses incuestionable, ya que ella misma era la responsable de la contratación", señala en el suplicatorio el instructor del Supremo.

El objetivo de presentar presupuestos falsos de otros supuestos interesados en la adjudicación era su aportación a cada uno de los expedientes de contratación "a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual, encubriendo la decisión predeterminada de adjudicar todos los contratos a Isaías H.", señala De Porres.

Según el instructor, el hecho mismo de falsear los presupuestos permite deducir la existencia de un "claro prejuicio" para el erario público ya que resulta imposible determinar el trabajo realmente realizado y su valor económico al figurar conceptos e importes "inventados" que finalmente se trasladaban a las facturas presentadas al cobro, directa o indirectamente, por Isaías.

El instructor de la Sala Penal afirma que Borràs "actuó de forma desleal sobre el patrimonio el ILC que administraba", disponiendo del dinero "sin realizar valoración objetiva alguna a la hora de adjudicarle todos los contratos indebidamente fraccionados" a un amigo, "con un claro perjuicio al erario público".