El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo, Manuel García-Castellón, ha pedido a la empresa OHL la información y documentos que tenga sobre la transferencia de 3,4 millones de dólares que una filial mexicana hizo en noviembre de 2010 a favor de la empresa luxemburguesa Lendir Investments, constituida por el bufete panameño Mossack-Fonseca.

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El pago se hizo desde Constructora de Proyectos Viales de México (CPVM) a una cuenta abierta por Lendir en el banco UBS en Ginebra. Días después, Lendir transfirió 718.648 a una sociedad de Javier López Madrid, Sia Capital S.L.

Los investigadores sospechan que esos movimientos podrían estar encubriendo el pago de comisiones en el extranjero a cambio de adjudicaciones de obras públicas en España. Éste es el objeto de la pieza 8 del caso Lezo, en el que se investigan contratos de obra pública adjudicados entre 2003 y 2014 y por los que seis políticos de PP, PSOE y Coalición Canaria tienen la condición de investigados.

OHL -que no puede ser imputada por esta operación, ya que cuando se produjo no estaba en vigor la responsabilidad penal de las personas jurídicas- niega su implicación en los hechos, atribuibles, en su caso, a empleados que habrían actuado por su cuenta, sostiene.

A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor ha reclamado a la empresa constructora del Grupo Villar Mir los contratos y facturas generados en la relación entre CPVM y Lendir.

El Juzgado trata de determinar la "naturaleza" de los pagos realizados, por lo que también solicita qué servicios prestó Lendir, quién la eligió como proveedora y qué proceso de selección se siguió.

Reclama, asimismo, los datos relativos a quién ordenó la millonaria transferencia, quién la autorizó y cómo se contabilizó.

Otro de los apartados se refiere a la "justificación de los motivos por los que la negociación de ese contrato se realizó por Javier López Madrid, quien supuestamente no tenía funciones ejecutivas en OHL ni en CPVM en aquellas fechas" y cuáles fueron los motivos por los que unos servicios que contrataba en México CPVM se negociación desde España.

Otra parte del requerimiento judicial se refiere a Sia Capital, cuyo accionista y administrador es López Madrid. El juez le reclama la justificación documental de los servicios que debió prestar a Lendir para recibir los 718.648 euros, las comunicaciones que mantuvieron ambas empresas y si hubo otros pagos.