La Fiscalía Anticorrupción no cree posible apreciar un conflicto de intereses entre Dina Bousselham y su jefe político, Pablo Iglesias, por lo que, en contra de lo que sostiene el juez García-Castellón, considera que no se debe intervenir en la libre designación de su representación letrada.

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Anticorrupción ha presentado el escrito de alegaciones que el juez de la Audiencia Nacional pidió tras constatar que Pablo Iglesias y su antigua asesora comparten abogada, lo que, según el instructor, puede afectar a la debida protección jurídica de Bousselham una vez que han aparecido sospechas de delito respecto al comportamiento del actual vicepresidente segundo del Gobierno.

García-Castellón abrió la llamada pieza Dina dentro el caso Tándem para investigar al comisario José Manuel Villarejo por poseer en su casa unos archivos informáticos procedentes de la tarjeta de memoria del móvil de Dina Bousselham, que le fue sustraído en noviembre de 2015.

En julio de 2016 parte de la información almacenada en la tarjeta del móvil de Dina empezó a ser difundida en algunos medios de comunicación. Pero la investigación no ha permitido determinar que el filtrador de los datos fuera Villarejo, entre otros motivos porque la propia Dina ha acabado admitiendo -aunque lo ocultó inicialmente al juez- que ella misma hizo capturas de pantalla y las envió a terceros. 

Sospechas

Las sospechas sobre Pablo Iglesias derivan de que él tuvo en su poder la tarjeta SD de Dina (el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, le entregó una copia o el original en enero de 2016) y examinó su contenido.

Iglesias sabía que la tarjeta había sido obtenida de forma ilícita al ser producto de un robo y, sin embargo, no la devolvió a su propietaria ni cuando él la recibió ni cuando su contenido empezó a aparecer en los medios seis meses después, y ello pese al "carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación", ha indicado el juez en la resolución en la que confirma la retirada de la condición de perjudicado a Pablo Iglesias.

El principal motivo de sospecha para García-Castellón es que, cuando finalmente la tarjeta que le dio Iglesias a Bousselham fue entregada por ésta al Juzgado, se ha podido apreciar que está dañada al haber sido "parcialmente quemada", según comprobó la Policía Científica. Ello apuntaría a un supuesto delito de daños informáticos, cuya comisión favorece a Iglesias en la medida en que hace imposible acreditar que accedió ilícitamente a información protegida por el derecho a la intimidad.

Así las cosas, el pasado 1 de junio el instructor dictó una resolución en la que aludía a la necesidad de garantizar "una tutela judicial efectiva que proteja a la víctima frente a intereses ajenos", en clara referencia a los del vicepresidente segundo. García-Castellón pidió a las partes que se pronunciaran sobre el "conflicto de intereses" entre Iglesias y Bousselham y qué hacer ante él.

"Nunca" contra Pablo

En su contestación, la exasesora del líder de Unidas Podemos niega la existencia de ese conflicto y critica al juez por "suplantarla" en la concreción de cuáles son sus intereses.

Dina afirma que ella e Iglesias tienen "intereses no contrapuestos en relación al material intervenido en el domicilio de Villarejo y del que posteriormente se han difundido contenidos en los medios de comunicación".

"Nunca me he dirigido frente a Pablo Iglesias ni él frente a mi, sino que somos igualmente perjudicados por dichos hechos", añade Bousselham, que reclama el derecho a la "libre elección" de su asistencia letrada.

Los fiscales anticorrupción comparten que Iglesias y Bousselham no tienen, efectivamente, un  conflicto de intereses ya que Dina ha puesto de manifiesto una "inequívoca falta de voluntad de esclarecer los hechos" en dos aspectos "esenciales": de un lado, para qué hizo capturas de pantalla de su tarjeta SD, a quién y cuándo las envió; y, de otro, "la forma, fecha y estado de entrega de la tarjeta telefónica por parte de Pablo Iglesias Turrión".

"Indicios" contra Iglesias

Anticorrupción se ratifica en su apreciación de que hay "indicios de criminalidad" contra el actual vicepresidente segundo del Gobierno. Pero subraya que su exasesora "en cada ocasión en que ha comparecido en sede judicial ha prestado versiones distintas", hasta el punto de que en su último escrito ha negado que la tarjeta que le devolvió Iglesias estuviera dañada, modificando lo que le dijo a García-Castellón en una anterior declaración.

Esto "siembra mayores dudas" sobre que los daños de la tarjeta fueran intencionados (y, sobre todo, que pueda probarse). Si el daño se produjo de forma imprudente habría que acreditar que su valor es superior a 80.000 euros y, además, es un delito susceptible de ser perdonado por la víctima, al igual que sucede con el descubrimiento y relevación de secretos.

La Fiscalía considera que Bousselham "goza del derecho fundamental a elegir letrado de su confianza" y también tiene "derecho a otorgar su perdón expreso".

Por ello, el Ministerio Público insiste en que lo procedente es que, tal como ya pidió en un escrito presentado el pasado mayo que el juez rechazó, la víctima precise contra quién quiere ejercer la acción penal, ya que la naturaleza de los delitos que se investigan le dan a ella la llave del perdón.