La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda de mayor representatividad en la carrera judicial, considera que Fernando Grande-Marlaska no puede continuar como ministro del Interior al haber “perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo”.
La asociación afirma que Marlaska debe dimitir o, en otro caso, ser cesado después de que haya trascendido el documento oficial en el que la propia directora general de la Guardia Civil, María Gámez, pone negro sobre blanco que el motivo del cese del coronel Pérez de los Cobos fue que “no informó del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento”.
Ése fue el motivo que explicó el exjefe de la Comandancia de Madrid y que fue negado por el ministro del Interior, ocultando la verdad al Parlamento.
En un comunicado público, la asociación Francisco de Vitoria considera “inaceptable” que en un Estado democrático se permita a un ministro de Interior “tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción”, lo que “no es otra cosa que una sanción” y va "en contra de lo manifestado por el propio ministro en un primer momento, cuando justificó dicho cese en una supuesta 'pérdida de confianza'”.
La asociación judicial, que representa a cerca de 900 miembros de la Magistratura, considera que todo ello es todavía más reprochable en el caso de Marlaska por su condición de juez, lo que le hace ser "perfecto conocedor de que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales”
“Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así”, afirma la AJFV respecto a que "nadie mejor que Marlaska era conocedor de la gravedad de lo que estaba exigiendo su Ministerio al coronel Pérez de los Cobos".
Denuncia también que el cese el coronel supone una “flagrante vulneración del principio de separación de poderes”, además de reflejar un “intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar”, todo ello al margen de los cauces establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por último, termina recordando que “lo grave no es qué investiga la Justicia, sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial”.
"Incompatible con la separación de poderes"
La Asociación Profesional de la Magistratura, de representación mayoritaria, señala que del documento firmado por Gámez se desprende que fue la negativa del coronel Pérez de los Cobos a "incumplir la ley, a eludir el cumplimiento de la orden dada por la autoridad judicial y, en definitiva, garantizar la reserva de las actuaciones y el buen fin de la investigación lo que ha motivado su cese".
Subraya que "cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias o, más grave, de influir en su contenido a través de la prevalencia orgánica inherente a la cadena de mando podría suponer una interferencia en la función judicial susceptible de afectar al principio de independencia constitucionalmente protegido". "De acreditarse tal actuación, el sistema judicial dispone de medios legales", añade.
Para la APM, "la decisión del ministro de Interior, amparada, justificada y sustentada por el presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de Derecho, la separación de poderes y el imperio de la Constitución".
Estima que como asociación judicial no le corresponde instar ceses o dimisiones, pero pide al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno del Poder Judicial y garante constitucional de su independencia, "que adopte las medidas necesarias para proteger ese principio y asegurar que los jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna".
"Ha mentido"
Por su parte, el Foro Judicial Independiente considera que los hechos son "muy graves". "El ministro ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un informe encargado en el marco de unas diligencias del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte", afirma en un comunicado.
El FJI recuerda que Grande-Marlaska es juez y considera que lo que ha ocurrido "no solo le deja en evidencia para el ejercicio del cargo que desempeña, sino que le compromete gravemente y le deslegitima para volver a ejercer la función judicial".
Por ello, insiste en la necesidad de que se ponga fin a las puertas giratorias que permiten pasar de la Judicatura a la política y volver a la Judicatura "sin ninguna restricción o cautela, pero con un gran coste en la confianza del ciudadano en el Poder Judicial".
También considera que los hechos ponen de manifiesto la "necesidad de que la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no solo funcionalmente, de jueces y magistrados".