El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga al comisario jubilado José Manuel Villarejo en el caso Tándem, ha encargado a los investigadores de Asuntos Internos un informe que considera crucial antes de decidir si eleva o no a la Sala Penal del Tribunal Supremo una exposición razonada para actuar contra el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

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El informe se centrará en una tarjeta SIM con la información que guardaba una antigua asesora de Iglesias, Dina Bousselham, en un teléfono móvil que le fue sustraído en 2015. Entre los datos conservados en la tarjeta había fotos íntimas y mensajes comprometedores para Iglesias procedentes de un chat que compartía en Telegram con su equipo de Unidas Podemos. De ahí procedía el escabroso comentario del actual vicepresidente del Gobierno contra la presentadora Mariló Montero: "la azotaría hasta que sangrase".

La investigación de la pieza del caso Tándem denominada Dina ha dado un vuelco tras conocerse lo que el juez califica benévolamente como "contradicciones" de la asesora de Iglesias. "Nos oculta la verdad", dicen fuentes de la Audiencia Nacional.

Entre otros aspectos, Dina ha acabado reconociendo ante el juez que Iglesias le entregó "en junio o julio de 2016" una tarjeta SIM de su móvil (no se sabe si la original o una copia), que ella no pudo abrir porque estaba dañada. En sus declaraciones iniciales ante la Policía había asegurado, en cambio, que "no disponía de copia de la tarjeta ya que tras el robo del móvil perdió toda la información".

"Mira, tengo esta tarjeta"

En marzo de 2019, Dina contó al juez que "hay una cosa que yo en la declaración cuando fui a declarar hace un par de semanas no conté porque no sabía sí podía contarlo porque me lo había dicho Pablo y era una cosa confidencial que, de hecho, la traigo aquí, es. .. A él le intentan dar una tarjeta SIM, que la traigo aquí, con supuestamente fotos mías, y me dice que le han intentado vender las fotos pero que se han equívocado porque decían que eran las fotos de su pareja pero yo no era su pareja".

"Entonces Pablo me llama y me dice 'mira, tengo esta tarjeta SIM, contiene fotos tuyas'. Que yo nunca he llegado a abrir porque nunca me ha funcionado. De hecho intenté recuperar la tarjeta SIM para mandarla en este caso a Berlín, que no lo hice nunca, y la dejé en el olvido hasta ayer que me dice Pablo 'oye, tráete la tarjeta SIM que te dí, ¿te acuerdas? Y la he traído por si quisieran cotejarla". Bousselham e Iglesias estaba citados en la Audiencia Nacional el mismo día para que el juez les ofreciera acciones como supuestas víctimas de Villarejo.

La asesora añadió que "yo nunca ha podido ver su contenido, Pablo Iglesias sí sabe el contenido porque él lo vio".

El dirigente de Podemos declaró, por su parte, que la tarjeta del teléfono de Dina se la entregó el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y confirmó que accedió a su contenido.

En la resolución por la que ha retirado la condición de víctima a Iglesias, el juez concluye que, aunque "hay dudas" de cuándo devolvió la tarjeta a Dina, en todo caso el vicepresidente del Gobierno tuvo ese dispositivo en su poder, al menos, cinco meses: desde el robo del móvil hasta junio de 2016, cuando la asesora dice que se la entregó. Pero hay sospechas de que la devolución no se produjo hasta el 27 de marzo de 2019, el día en que estaban citados por el juez.

El perdón de Dina 

Fuentes de la Audiencia Nacional señalan que, sea cual sea el tiempo que Pablo Iglesias retuvo la tarjeta con información íntima de su antigua asesora, el acceso a esos datos configuraría un delito de descubrimiento de secretos del artículo 197.2 del Código Penal.

Pero las mismas fuentes consideran improbable que se pueda perseguir a Iglesias por ese presunto delito porque el Código Penal exige, de un lado, la denuncia del agraviado y, de otro, admite el perdón del ofendido, que extingue la acción penal. Bastaría, por tanto, con que Bousselham no denunciara o perdonara a su jefe.

El problema se centra más bien en el presunto delito de daños informáticos, la misma infracción de la que fue acusado el PP en el procedimiento penal que se siguió por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizaba el extesorero Luis Bárcenas. La sola imputación al PP -que fue absuelto- sirvió para que Iglesias tachara al partido de "organización criminal".

Dina Bousselham ha afirmado ante el juez que cuando la recibió de Iglesias la tarjeta ya estaba dañada. El daño es un hecho corroborado por la Policía Científica, que ha informado a la Audiencia Nacional de que el dispositivo está "parcialmente quemado".

Pero el instructor quiere averiguar si la tarteja estuvo en manos de terceros, porque la exasesora del líder de Podemos la entregó al Juzgado dentro de un sobre con matasellos alemán alegando que iba a enviarla a una empresa de recuperación de datos de Berlín.

No obstante, parece que luego no envió la SIM a Alemania sino que hizo gestiones con una empresa de Madrid.

Investigación pendiente

"Debemos concretar el momento en que se recibe la tarjeta por parte de Dina Bousselham y qué hizo cuando la tuvo en su poder (...), a qué empresa llevó la
tarjeta y determinar si ésta llegó a realizar alguna actuación sobre la misma. A la vista del sobre aportado con matasellos alemán, sabe de dónde procedía esta carta y qué
contenía y, en el caso de que fuese la tarjeta, averiguar quién la pudo recibir y qué pudo hacer con ella", señala el juez en su última resolución respecto a las diligencias pendientes.

Son los aspectos que quiere contrastar antes de decidir si pide o no al Tribunal Supremo que abra una causa contra Pablo Iglesias por presuntos daños informáticos.

Por ello, ha pedido a la Unidad de Asuntos Internos que realice "cuantas diligencias
puedan esclarecer los envíos a terceras personas y alteraciones físicas de las que pudo ser objeto la tarjeta aportada por Dina Boussellham desde la fecha del robo hasta el
momento de su aportación en sede judicial".