El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al juez de instrucción Juan Carlos Peinado que suspenda la comparecencia personal fijada para el próximo sábado con el fin de justificar ante el magistrado el cierre de los principales parques de la capital.

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Martínez-Almeida está citado por el Juzgado para comparecer asistido de abogado y "provisto de mascarilla reglamentaria y homologada y sin elementos o accesorios de carácter metálico, incluido los ornamentales (tales como relojes, anillos)", de acuerdo con una resolución que el juez dictó el pasado día 14.

El instructor incoó unas diligencias por un presunto delito de prevaricación que ha sido denunciado por el abogado José Luis Mazón. La denuncia, que también se dirige contra el concejal delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, sostiene que el cierre de los parques es contrario a la orden ministerial que determinó las condiciones en las que se puede realizar actividad física al aire libre.

El artículo 4 de esa disposición establece que “se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que se respeten los límites establecidos en esta orden”. El denunciante afirma que esa previsión "está siendo vulnerada por un acuerdo irregular del Ayuntamiento cargado de abuso de poder en su intención de rechazar responsabilidades del gobierno".

Además de iniciar diligencias de investigación, el juez ha citado a Martínez-Almeida y a Carabante para escucharles antes de resolver sobre la petición del denunciante de que adopte la medida cautelar de abrir los parques de forma inmediata.

En un recurso de 30 folios que firma un letrado del Ayuntamiento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se solicita que esta comparecencia personal del alcalde sea suspendida porque ni él ni el concejal "van a poder aportar datos adicionales por cuanto que ni siquiera fueron ellos los que adoptaron la resolución" de cerrar los parques y porque "hacerles comparecer supondría una pena gratuita de banquillo que no sería proporcionada ni justa".

"Ni un indicio de delito"

La suspensión de la comparecencia es una petición subsidiaria a la pretensión principal del recurso, consistente en que se revoque la apertura de diligencias y se archive la denuncia.

El letrado municipal sostiene que "no hay ni un solo indicio de haberse cometido delito alguno" y que ninguno de los dos denunciados fue el autor de la resolución administrativa por la que se prorrogó el cierre de los parques de la capital.

Se trató que una resolución "plenamente conforme a Derecho" dictada por el director general de gestión del agua y zonas verdes, Francisco Muñoz, en el ejercicio de sus competencias.

"Es imposible que la resolución sea arbitraria desde un punto de vista penal, puesto que ni siquiera lo es desde un punto de vista administrativo", defiende el recurso interpuesto en representación del alcalde, que argumenta que el Gobierno de la Nación, al regular los lugares por los que estaba permitido pasear, prohibió expresamente los espacios recreativos al aire libre y las instalaciones deportivas, pero sobre los espacios naturales y zonas verdes se refirió a los que estuvieran autorizados.

"Esto supone que quien debe autorizar o no el paseo por dicha zona verde es el municipio en el ejercicio legítimo de sus competencias", añade el recurso, que indica que el cierre de los parques estaba justificado y "lo que hubiera sido irrazonable hubiera sido mantenerlos abiertos".

El recurso cita comunicaciones del director del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid y manifestaciones del director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, desaconsejando abrir los parques urbanos porque en esos lugares es más difícil controlar las aglomeraciones.

También el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Pere Godoy, ha indicado que "yo sería prudente todavía, porque en los parques se pueden facilitar las reuniones en grupo y ser más difíciles de controlar".

Peligro de rebrote

El recurso advierte al Juzgado de que "de adoptar la medida cautelar que se solicita, estaría afectando exclusivamente a los parques más controvertidos y que más problemas han causado para el control de la pandemia, ya que el resto de parques se encuentran abiertos en la actualidad".

Pide, por ello, al instructor que pondere el interés general: "Frente al beneficio particular de que el recurrente pueda pasear por un parque, el interés general puede verse muy perjudicado por la adopción de una medida de estas características", afirma.

"La apertura de los parques puede ser peligrosa y debe evitarse una apertura
prematura. Así, si de la apertura de los parques se derivaran aglomeraciones, esto conllevaría un alto riesgo de rebrote con posibilidad de colapso del sistema sanitario, un nuevo confinamiento impuesto a la población y pérdida de miles de empleos", añade.

"Los beneficios de abrir dichos parques son muy inferiores a los inmensos perjuicios que se producirían en caso de rebrote", abunda.

En todo caso, la petición principal del alcalde es que el juez cierre de la instrucción penal "sin necesidad de realizar ninguna otra diligencia de investigación, al resultar meridianamente claro que el delito que se está investigando no existe ni, en cualquier caso, podría haber sido cometido por los denunciados".