El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al concejal delegado de Medio Ambiente Borja Carabante, para que justifiquen por qué mantienen cerrados las grandes áreas verdes y parques de la capital.

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La comparecencia se ha acordado por el magistrado tras abrir unas diligencias previas por un presunto delito de prevaricación, que ha sido denunciado por el abogado José Luis Mazón.

El juez ha citado al alcalde y a Carabante para que acudan al Juzgado, situado en la Plaza de Castilla, el próximo día 23 con el fin de debatir la procedencia de una medida cautelar solicitada por el denunciante para que las áreas verdes de Madrid sean reabiertas el público de inmediato.

En una resolución dictada este jueves, el magistrado indica que es precisa una  comparecencia personal de los regidores "al carecer este órgano judicial de medios para realizarla telemáticamente, sin perjuicio de que se adopten las medidas de precaución tendentes a evitar riesgos de posible contagio del virus Covid-19".

Por ello, la resolución establece que Almeida, Carabantes y sus abogados defensores "deberán comparecer provistos de mascarilla reglamentaria y homologada y sin elementos o accesorios de carácter metálico, incluido los ornamentales (tales como relojes, anillos etc.), que pudieran ser objetos donde se alojaran por un periodo de tiempo prolongado el posible virus Covid-19, con el fin de preservar el edifico judicial, de posibles contagios de la enfermedad".

El juez señala que la denuncia debe ser admitida "sin que ello presuponga la existencia de hecho delictivo, haciendo una interpretación extensiva" del derecho a la tutela judicial efectiva.

Peinado descarta adoptar la medida cautelarísima de abrir los parques sin oír a los denunciados, pero incoa la pieza de medida cautelar ordinaria, en la que se enmarcha la citación de Martínez-Almeida y del delegado de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid.

"Abuso de poder"

En la denuncia se señala que el 30 de abril se aprobó una orden ministerial sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria, con efectos desde el día 2 de mayo de 2020 y eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma.

La orden habilita a las personas de 14 años en adelante a circular por las vías o espacios de uso público para la práctica de las actividades físicas permitidas.

Según el letrado, ambos regidores "conocedores de la ilegalidad, cerraron todos los parques el pasado 14 de marzo hasta la fecha, imposibilitando así disfrutar del espacio al aire libre y aglomerando a la población en el trazado irregular de las calles estrechas que caracterizan el plano de Madrid".

Grandes áreas verdes de la capital -como Casa de Campo, Pradolongo, Dehesa de la Villa o Madrid Río- permanecen cerrados "y el resultado evidente es que las aceras y paseos están desbordados al verse encuadrados entre calles no cerradas a los coches y parques cerrados para las personas, asumiendo un alto riesgo de contagio del Covid-19".

El denunciante sostiene que "no existe justificación" al cierre en Madrid de espacios verdes "donde se puede manejar mucho mejor la distancia de seguridad". Señala que ciudades como A Coruña, Valencia o Sevilla, "con obediencia a la orden ministerial y para evitar agolpamientos", sí permiten pasear y hacer deporte en áreas verdes para dar más espacio a los peatones.

El artículo 4 de la disposición establece que “se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que se respeten los límites establecidos en esta orden”. Mazón afirma que esta previsión "está siendo vulnerada por un acuerdo irregular del Ayuntamiento cargado de abuso de poder en su intención de rechazar responsabilidades del gobierno".

"Hay delito de prevaricación en el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid respecto del cierre de parques y jardines incompatible con la orden ministerial, siendo Martínez-Almeida y Borja Carabante los autores de la arbitrariedad de mantener por derecho de 'sátrapa' o uso arbitrario del poder público una medida a todas luces no solo irracional, sino contraria a los fines del desconfinamiento parcial", afirma la denuncia.

"Resulta palmario que los denunciados, de forma organizada y en clara connivencia, han abusado de su poder para impulsar su rivalidad e intentan por medios y normas ilegales hacer oposición política y obstruir la orden publicada en el BOE", concluye.