Los Juzgados y Tribunales seguirán la próxima semana en la fase 1 del plan de desescalada diseñado por el Ministerio de Justicia, lo que supone continuar con la prestación del servicio judicial con el 30-40% de la plantilla y el mantenimiento de la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales.
La comisión de coordinación de la crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia, integrada por representantes del Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas, ha acordado este jueves prorrogar la vigencia de la fase 1, que empezó el pasado martes.
Fuentes de Justicia han explicado que la reincorporación parcial de los funcionarios ha empezado hace apenas tres días y hay comunidades autónomas que, antes de la vuelta de más personal, necesitan adaptar las sedes judiciales a las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios.
Justicia publicó el día 9 la orden ministerial sobre el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada en la Administración de Justicia, que prevé cuatro fases. La primera, que es la actual, implica la vuelta al servicio del 30% o 40% de la plantilla tanto en los órganos judiciales como en las Fiscalías, Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La fase 2, cuyo comienzo está previsto para el 25 de mayo, se centrará en la preparación para la reactivación de los plazos procesales, ahora suspendidos excepto para las actuaciones esenciales. Prevé que el personal reincorporado ascienda al 60% o 70% en cada órgano o servicio. El trabajo de los funcionarios podrá distribuirse en turnos de mañana y tarde.
El turno de mañana será de seis horas, entre las 7.30 y las 14.00, y lo cubrirá el 70-80% de la plantilla. En el de tarde, de cuatro horas y media, entre las 15.00 y las 20.00, estará entre el 20 y el 30% del personal que deba acudir según cada fase de la desescalada. Entre ambos se establece el período de una hora para proceder a la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo y los espacios comunes. Durante la tarde no se prestará servicio de atención al público o a profesionales.
La fase 2 durará, al menos, dos semanas. Ello sitúa en torno al 8 de junio la fase 3, en la que se prevé el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales, aunque el Ministerio advierte de que esta decisión está condicionada a la evolución de la pandemia. En la fase 3 las plantillas de los órganos judiciales deberán estar al completo.
La fase 4, en la que habrá una "actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma”, comenzará en el momento en que se levante la emergencia sanitaria.
Durante la desescalada, la atención al público se realizará por vía telefónica o a través de correo electrónico. Si es necesario un trámite presencial, se organizará necesariamente a través de cita.
En la reunión telemática de este jueves, los participantes se han comprometido a presentar propuestas para la creación de juzgados especializados en asuntos derivados de la crisis del Covid-19.
La creación de estos órganos está prevista en el decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, convalidado por el Congreso el miércoles.