El Congreso ha convalidado esta tarde el decreto-ley de medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial una vez que se levante el estado de alarma, defendido por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como una norma "clave" para la reactivación de los Juzgados y Tribunales y que puedan hacer frente a la avalancha de procedimientos que se les viene encima.

Noticias relacionadas

El decreto-ley, muy contestado por los abogados al contemplar la habilitación de 20 días de agosto, salió adelante por 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones.

Ha sido determinante el apoyo de ERC: si los republicanos se hubieran opuesto, como hicieron con la última prórroga del estado de alarma, el decreto-ley de Justicia hubiera tenido más votos contrarios que favorables.

PNV y Compromís también han respaldado el decreto-ley de Justicia y, junto a ERC, han forzado que la norma sea tramitada ahora como proyecto de ley por la vía de urgencia para introducir modificaciones, que previsiblemente afectarán a la habilitación veraniega.

Esta medida fue defendida con firmeza por Campo, que pidió a los grupos parlamentarios "responsabilidad" y subrayó que la Justicia "debe hacer el esfuerzo excepcional que la sociedad nos exige", igual que lo están haciendo colectivos como los sanitarios, las fuerzas de seguridad o el sector de la alimentación.

El titular de Justicia enfatizó que la Justicia debe ser en este momento un "motor de la economía" y agilizar la tramitación del millón de nuevos asuntos que se esperan en la jurisdicción social o los concursos de empresas. Se calcula que habrá un incremento del 246% de concursos este año y del 619 % en 2021, de forma que pasarán de los 7.000 actuales a 50.000 el próximo año.

La vehemencia del ministro Campo no convenció a los grupos parlamentarios del PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya y la Cup, que votaron en contra.

Todos ellos negaron que el decreto-ley haya reunido el consenso que exhibe Campo y advirtieron de las dudas sobre la constitucionalidad de medidas que, a su parecer, requieren una ley orgánica.

Mientras que un moderado Carlos Rojas (PP) acabó su intervención "teniendo la mano para ir a con ustedes cuando busquen el interés general de los españoles", el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, fue particularmente ácido. 

"Baje de su coche oficial y venga a ver cómo se trabaja en los Juzgados", invitó a Campo. Le reprochó haber "incendiado el campo de la Justicia" y sostuvo que las medidas aprobadas no sólo son "insuficientes" sino que se limitan a "un efecto publicitario e ineficaz".

"¿De verdad cree que por habilitar 20 días en agosto va a solucionar el colapso de la Justicia? Usted sólo piensa en los grandes bufetes, no en los abogados que comparten despacho con los compañeros de Facultad", espetó Bal.

Pero incluso entre los grupos que respaldaron la norma hubo críticas serias. El peneuvista Mikel Legarda dijo que no convalidarla "sería peor" pero es preciso tramitarla como proyecto de ley porque hay medidas, como las tecnológicas, que le parecen "un brindis al sol". "Son medidas que requieren una gran inversión pública en un texto que viene sin memoria económica". De igual manera, consideró positiva la tramitación telemática íntegra de los procedimientos pero, sin medios suficientes, "eso es por ahora una concha vacía".

La portavoz de ERC, Carolina Telechea, advirtió al ministro de que "no tendrá otra oportunidad". "Queremos gestos claros", dijo, "queremos respeto al autogobierno de Cataluña".

Medidas

La disposición aprobada incluye medidas en cinco ámbitos que estarán vigentes durante el estado de alarma y los tres meses posteriores al levantamiento del confinamiento. En relación con la salud laboral, se establece una serie de limitaciones que deberán aplicarse en las sedes judiciales para garantizar la distancia de seguridad y evitar concentraciones de funcionarios. Por primera vez, se regula un horario de mañana y tarde, al que el personal podrá acogerse de forma voluntaria.

Se prevé la creación de Juzgados Covid-19 para atender temporalmente los asuntos derivados de la crisis, a semejanza del modelo de los Juzgados dedicados a las claúsulas abusivas. Habrá refuerzos con jueces de adscripción territorial y letrados de la Administración de Justicia en prácticas. Se prevé también la movilidad de funcionarios entre órganos judiciales de la misma jurisdicción y localidad.

En el bloque tecnológico, se impulsa el teletrabajo, la mejora en el uso de los sistemas de firma digital así como la potenciación de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las vistas y demás actos procesales. Podrá haber deliberaciones telemáticas entre los miembros de los tribunales.

En cuarto lugar, se establecen medidas procesales para atender el incremento de asuntos en determinados ámbitos como el de familia y se ordena el reinicio de los plazos que hayan quedado suspendidos con la declaración del estado de alarma.  Un quinto paquete de medidas tratan de hacer frente al incremento de procesos concursales en los Juzgados de los Mercantil.