El Ministerio de Justicia ultima un decreto-ley de medidas urgentes para facilitar el restablecimiento de la actividad judicial una vez que se levante el estado de alarma y para ampliar la capacidad de respuesta de la Administración de Justicia ante un previsible aumento de asuntos por la litigiosidad derivada de la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19.
La previsión es que el Consejo de Ministros apruebe el próximo martes el texto propuesto por el ministro Juan Carlos Campo, que en las últimas semanas se ha reunido con las instituciones y colectivos concernidos para consensuar las medidas y pedirles que se impliquen en su implantación. Estarán vigentes durante los tres meses siguientes al levantamiento del estado de alarma.
El titular de Justicia ha obtenido el plácet del Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas con competencias transferidas, la Abogacía (a excepción de la apertura en agosto, a lo que se opone rotundamente porque no lo considera una medida eficaz), la Fiscalía, los procuradores y los letrados de la Administración de Justicia. Sólo los sindicatos con representación en la Administración de Justicia no han acabado de dar su visto bueno, a pesar de que desde el Ministerio se defiende la razonabilidad de las propuestas, subrayando su voluntariedad y el hecho de que a los funcionarios se les reducen las horas de trabajo semanales de 37 a 30.
La disminución de la jornada laboral se combina con la implantación de un turno de tarde, hasta ahora inexistente, y con la posibilidad de un cambio de puesto de trabajo siempre que sea en la misma localidad y en el mismo orden jurisdiccional. Se trata de medidas a las que los funcionarios podrán acogerse de forma voluntaria y con las que se persigue un incremento en la resolución de asuntos y el mantenimiento de la distancia interpersonal.
Justicia ha dejado claro a los colectivos implicados que, en todo caso, el servicio público de la Justicia deberá quedar atendido, por lo que el decreto-ley prevé la implantación forzosa de esas medidas si la propuesta de voluntariedad fracasa.
Por primera vez en la historia, el Ministerio habilitará 20 días de agosto con carácter general para todas las jurisdicciones. Según se ha explicado en las reuniones de trabajo celebradas, las fechas que se barajan son del 11 al 31 de ese mes, de manera que los 10 primeros días seguirán sin ser hábiles. Ningún sábado será habilitado.
Justicia en plasma
Otra de las medidas se refiere al cómputo de los plazos procesales suspendidos por el estado de alarma. La propuesta que el Ministerio ha explicado consiste en que todos los plazos empezarán desde cero y, además, serán duplicados para facilitar que la reactivación de la actividad judicial sea progresiva.
La propuesta del CGPJ de establecer como regla preferente la celebración de juicios, comparecencias y otros actos procesales por vía telemática ha sido acogida por Campo y no sólo para el orden social sino en todas las jurisdicciones, menos si se trata de asuntos penales por delitos graves, en los que los actos procesales deberán ser presenciales.
En el caso de actuaciones presenciales, el decreto-ley dispensa a los abogados y procuradores del uso de la toga, medida que tampoco tiene precedentes y que pretende eliminar una posible fuente de contagio evitando el intercambio de esas prendas en las sedes judiciales, donde es usual que se compartan. También se limitará el aforo en las vistas.