El Ministerio de Justicia ha logrado coordinar a todas las comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía para homogeneizar los servicios esenciales que deben estar cubiertos en la Administración de Justicia durante la crisis del Covid-19, el número de funcionarios que deben atenderlos -no inferior al 10% de las plantillas- y un protocolo de medidas preventivas y de seguridad, que se ha publicado este lunes.
El establecimiento de normas comunes para todos los territorios se acordó en la última reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis en el ámbito de la Administración de Justicia para la lucha contra el coronavirus, órgano que se constituyó formalmente el pasado viernes aunque se venía reuniendo con anterioridad.
El Departamento que dirige Juan Carlos Campo ha conseguido así salvar la dispersión de criterios que se puso de manifiesto al comienzo de la crisis sanitaria en los territorios con competencias transferidas, en los que se adoptaron servicios mínimos y medidas de seguridad diferentes.
Fuentes de Justicia han elogiado la actitud de "todas las comunidades autónomas", incluida Cataluña. La consejera Ester Capella, a la que Campo trató en el Congreso por ser ambos portavoces en la Comisión de Justicia en la pasada legislatura, ha asumido los criterios del Ministerio modificando los inicialmente planeados en su territorio, inferiores al 10%.
Registro Civil, todos los días
El ministro de Justicia ha emitido este lunes una segunda resolución, también consensuada con las instituciones concernidas, por la que los Registros Civiles estarán disponibles todos los días de la semana, en el horario habitual de mañana y entre las 17:00 y las 20:00 horas, para la prestación de los servicios esenciales de inscripción de defunciones y expedición de licencias de enterramiento durante la vigencia del estado de alarma.
La medida "busca dar el máximo respeto a las personas que fallezcan por Covid-19, aliviar la sensación de impotencia de sus familiares, que no han podido despedirse de ellos, y evitar la desolación que provoca entre el personal sanitario la acumulación de decesos", ha informado el Ministerio.
Con estos mismos objetivos, el Ministerio de Sanidad, como autoridad delegada en virtud de la declaración del estado de alarma, dejó el pasado sábado en suspenso el artículo 24 de la Ley de Registro Civil –que exige un plazo de 24 horas entre la defunción y el enterramiento- para que las familias puedan disponer en el menor plazo posible lo que estimen oportuno para las exequias de sus seres queridos.