El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el Grupo Socialista del Congreso se han quedado solos este lunes en la defensa del real decreto-ley de medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial una vez que se levante el estado de alarma declarado por el Covid-19. 

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Campo ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso a petición propia para explicar el contenido del decreto-ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el martes 28 de abril y está pendiente de una convalidación de la Cámara que estará en manos de las minorías nacionalistas. 

La habilitación de 20 días de agosto, entre el 11 y el 31 (con excepción de sábados, domingos y festivos), para la práctica de actuaciones procesales en todos los órdenes jurisdiccionales, una medida inédita en la historia de la Administración de Justicia, ha sido expresamente cuestionada por todos los portavoces de la Comisión salvo el del PSOE, Francisco Aranda.

Hasta los socios de Unidas Podemos se distanciaron de la medida por boca de Jaume Asens, que, compartiendo el rechazo mostrado por el Consejo General de la Abogacía, criticó que la habilitación de agosto genera "desigualdad" entre los colectivos concernidos, ya que los jueces y fiscales podrán hacer turnos para mantener sus vacaciones mientras que los pequeños y mediados despachos de abogados y procuradores se quedarán sin descanso.

Hasta un portavoz tan comedido como el peneuvista Mikel Legarda advirtió a Campo de que "el remedio va a ser peor que la enfermedad" y le pidió que "reflexione". Y Edmundo Bal (Ciudadanos) espetó a Campo: "Usted ha expropiado las vacaciones de los pequeños despachos sin derecho a indemnización".

Campo calificó de "injustificadas" las críticas y aseguró de disponer de "cientos" de mensajes de abogados con modestos despachos unipersonales o dedicados al turno de oficio pidiéndole la habilitación de agosto "porque, si no, tienen que cerrar". 

"Es preciso paliar el acusado descenso en la actividad judicial que ha provocado el estado de alarma", defendió el titular de Justicia. "No sería responsable, después de varios meses de paralización de la Justicia y con el gran número de procedimientos que precisamente se pueden generar de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, volver ahora a parar un mes entero más con motivo de las vacaciones estivales", añadió en referencia a despidos laborales o concursos de empresas.

También manifestó que "muchas" comunidades autónomas solicitaron la habilitación del mes íntegro y al final, fruto de la negociación, se llegó a una medida "estudiada y consensuada". 

El portavoz del PP, Luis Santamaría, cuestionó que el decreto-ley haya sido consensuado y le enumeró las críticas procedentes de sindicatos de funcionarios y de asociaciones judiciales para concluir que el decreto-ley es "un lavado de cara demagógico" que, además, "roza la inconstitucionalidad" por afectar a medidas, como la habilitación de agosto, que se regulan en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También el portavoz del Vox, Javier Ortega Smith, acusó a Campo de "actuar de espaldas a los operadores jurídicos". "El decreto-ley no es más que un parche", afirmó.

Los portavoces de ERC y Bidul, Carolina Telechea y Jon Iñarritu, criticaron, por su parte, la "usurpación" de competencias de las comunidades autónomas por el Gobierno central y el Consejo General del Poder Judicial para la gestión de la crisis sanitaria.

Campo no sólo lo negó, sino que puso como ejemplo la estrecha participación de las Consejerías de Justicia de todas las comunidades autónomas en la elaboración del decreto-ley, "incluidas las gobernadas por el PP y Ciudadanos", apostilló para subrayar la contradición con la postura adoptada por estos partidos.

Las cifras de fallecidos

El ministro de Justicia que, también comparecía a instancias del PP para explicar las diferencias entre la cifra oficial de fallecidos por el Covid-19 y las muertes inscritas por los Registros Civiles, ha manifestado que es "absolutamente falso que en España se oculten datos sobre fallecidos" y ha acusado al PP de querer sacar "rédito político" de una situación tan dramática partiendo de premisas "torticeras, irresponsables y muy peligrosas".

Santamaría replicó que lo "verdaderamente irresponsable" es "ocultar la verdad" y no decir "cuántas personas han fallecido desde que se declaró la pandemia". "No es un debate técnico, es una cuestión humanitaria", ha señalado el portavoz del PP.

Según el diputado, el Gobierno no ofrece una cifra de fallecidos por coronavirus porque es un tema "espinoso" y que "molesta" y ha indicado que, siguiendo la serie histórica de muertes en la ciudad de Madrid, durante la pandemia se han registrado "entre cuatro o cinco veces más" fallecidos que los que el Gobierno ha indicado.

En la misma línea, el portavoz de Vox ha acusado "públicamente" a Campo de "estar ocultando datos de fallecidos por Covid-19" y ha pedido al ministro que por "motivos jurídicos" y por "deber ético" no se deje "sin memoria" y lleve "a la desaparición a tantas personas".

Prueba de acceso a la Abogacía

Durante la comparecencia se conoció que el examen de acceso a la Abogacía, necesario para ejercer como letrado y suspendido por la crisis del coronavirus, se hará por vía telemática con la colaboración de la UNED.

Campo aseguró que esta semana se informará de la fecha de la prueba, cuya suspensión dejó a casi 7.000 licenciados en el aire.