El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y responsable de Justicia del Partido Popular, Enrique López, "propició, avaló y sugirió" las medidas incluidas en el proyecto de decreto-ley en el que adoptan previsiones para el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales cuando se levante el estado de alarma, han asegurado este lunes fuentes del Ministerio que dirige Juan Carlos Campo.

Noticias relacionadas

El decreto-ley, que tiene previsto aprobar mañana el Consejo de Ministros, ha sido rechazado este lunes por el presidente del PP, Pablo Casado, en unas declaraciones  a esRadio. "No se va a apoyar ese decreto", ha dicho el líder del PP, que ha señalado que "no se puede modificar una ley orgánica a través de un real decreto en un estado de alarma", en referencia a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para, entre otras medidas, habilitar agosto para que los pleitos se sigan tramitando en todos los órdenes jurisdiccionales. "Lo que quiera negociar el PSOE, que lo traiga al Congreso. No queremos negociaciones paralelas ni mesas extraparlamentarias", ha dicho.

Las declaraciones de Casado dejan a los pies de los caballos a su secretario de Justicia, Enrique López, que no sólo ha consensuado "artículo a artículo" el contenido del decreto-ley -aseguran a este periódico fuentes del Ministerio- sino que fue incluso el que propuso la habilitación de una parte del mes de agosto para que los órganos judiciales sigan en funcionamiento. Fue durante una reunión telemática celebrada hace tres semanas entre el departamento de Justicia y los consejeros de las comunidades autónomas que tienen la competencia transferida. Entre ellos están otros consejeros del PP como el de Galicia, que también dio su visto bueno, como el resto de Administraciones autonómicas.

El contenido del decreto-ley fue, asimismo, explicado por el ministro al portavoz del PP el la Comisión de Justicia del Congreso, Luis Santamaría. Campo le llamó el pasado viernes y el diputado no puso ninguna objeción, sino lo contrario, ya que López le había informado previamente de la finalidad de la iniciativa.

Fuentes de Justicia no ocultan su sorpresa por las declaraciones del presidente del PP y consideran que "a lo mejor no ha habido las conversaciones necesarias" con los responsables populares que durante varias semanas han estado negociando el decreto-ley.

También destacan las aportaciones que esos cargos del PP han hecho "con lealtad" porque "toca arrimar el hombro" y la Administración de Justicia "tiene que anticiparse a los problemas y ser un elemento dinamizador de la economía".

Oposición de la Abogacía

Las mismas fuentes señalaron que hasta los últimos días "no había una oposición rotunda" de la Abogacía a la habilitación de agosto para realizar actuaciones judiciales. "No podemos interpretar que el que calla otorga, pero no ha sido hasta ayer, domingo, que el Consejo General de la Abogacía ha manifestado ese rechazo rotundo", explicaron.

Justicia mantiene su criterio de que los Juzgados deben estar abiertos del 11 al 31 de agosto "para no tenerles que decir a los ciudadanos que, con la que está cayendo, la Justicia se va de vacaciones".

El Ministerio aseguran que muchos abogados que tienen pequeños despachos han pedido esa habilitación porque, tras la paralización que se está produciendo durante el estado de alarma, sus ingresos se están resintiendo y necesitan que la Administración de Justicia no vuelva al modo off durante otro mes entero.