Los 5.419 jueces y magistrados españoles podrán saber si han generado anticuerpos frente al Covid-19 antes de incorporarse a los Juzgados y Tribunales, una vez que se levante la suspensión de la actividad judicial acordada por el estado de alarma.
La Comisión Permanente de Consejo General del Poder Judicial tiene previsto aprobar este jueves una modificación del contrato suscrito en octubre de 2019 con la compañía que realiza los reconocimientos médicos periódicos a los miembros de la carrera judicial en activo (Quirón Prevención S.L.U) con el fin de incorporar a ese contrato una prestación consistente en la realización de la prueba serológica de inmunoglobulinas IgG-IgM.
El CGPJ viene trabajando desde hace días en esa iniciativa, que ya ha sido visada por la Comisión de Asuntos Económicos e informada por la Intervención del Consejo. El Gabinete Técnico hizo el pasado 30 de abril un informe de legalidad favorable y en la misma fecha la empresa Quirón mostró su conformidad con la modificación contractual.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el precio de cada una de las pruebas será de 56,30 euros, IVA incluido.
La nueva prestación no comportará una ampliación del importe del contrato, cuyo plazo de ejecución es hasta octubre de 2021 y su dotación asciende a 403.228 euros. La mayor parte de ese presupuesto se destina a los reconocimientos médicos anuales que se realizan a los jueces y magistrados, aunque también se incluyen otros conceptos como el examen de patologías relacionadas con el estrés o los chequeos oftalmológicos.
La propuesta de modificación del contrato con la compañía sanitaria se justifica en "la situación sanitaria generada por el Covid-19, la consideración de la Justicia como servicio esencial, la previsión de levantamiento de estado de alarma, la consiguiente reincorporación de jueces y magistrados a las sedes judiciales, así como la necesidad de que este órgano constitucional mantenga activa la vigilancia de la salud de la carrera judicial, en un momento crítico como el actual".
El CGPJ entiende que la incorporación de la determinación serológica de inmunoglobulinas IgG-IgM es una "necesidad" derivada de la situación sanitaria y social creada por la pandemia, una circunstancia sobrevenida e imprevisible en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato y que el Consejo no pudo prever.
Considera, en todo caso, que esa modificación no altera la naturaleza global del contrato, "cuyo objeto no es otro que la vigilancia de la salud de la carrera judicial".