Segundo encontronazo del órgano de gobierno de los jueces con Pablo Iglesias. Tres meses después de que el Consejo General del Poder Judicial pidiera "prudencia" al vicepresidente segundo del Gobierno al censurar las decisiones de otro poder del Estado, el CGPJ ha aprobado una declaración en la que expresa su "profundo malestar" con las manifestaciones de Iglesias en relación con la condena impuesta a la dirigente de Unidas Podemos Isabel Serra.

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El Consejo considera que merece un "rotundo rechazo" que un alto miembro del Gobierno propague una "sospecha inaceptable" sobre la imparcialidad de los jueces y le recuerda que "la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas", entre ellas un poder del Estado constitucionalmente independiente.

El CGPJ se refiere en su acuerdo a las manifestaciones realizadas en su cuenta de Twitter por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en relación la condena dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Isabel Serra por delitos de atentado contra la Policía, lesiones y daños. Iglesias escribió que "las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”.

El CGPJ se refiere también a las declaraciones de Iglesias en una rueda de prensa esta mañana, cuando ha insistido en que "mucha gente piensa que la justicia no es igual para todos" y "que los corruptos se han ido desgraciadamente de rositas". "En democracia no está prohibido criticar las sentencias, mucho menos cuando son susceptibles de recurso", ha dicho.

"Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, el órgano de gobierno del mismo señala que "no puede por menos que expresar su profundo malestar" por las declaraciones de un miembro del Gobierno "en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la Justicia".

"Sospecha inaceptable"

Las afirmaciones de Pablo Iglesias merecen "un absoluto y rotundo rechazo", dice el CGPJ, "pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales, cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Prueba de ello son las numerosas sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles solo en los últimos años (Nóos, Gürtel, ERE, tarjetas ‘black’, etcétera)". En esos procedimientos han sido condenadas personas como el cuñado del rey Felipe, altos empresarios y banqueros o cargos públicos y dirigentes de diferentes partidos.

Para el CGPJ, una simple lectura la sentencia contra Serra pone de manifiesto que no se ha condenado un acto de protesta contra un desahucio, sino las agresiones a agentes de la Policía cuando estaban dando cumplimiento a una orden judicial.

El CGPJ considera "ciertamente inapropiado" el tono utilizado por un responsable político que tiene "la alta posición de un vicepresidente del Gobierno" respecto a la actuación de otro poder del Estado. El Consejo "se ve en la obligación de apelar, de nuevo, a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad" de los integrantes del Poder Judicial, "más aún cuando se trata de  pronunciamientos de miembros del Gobierno de la Nación en relación con actuaciones de los juzgados y tribunales".

El Consejo General del Poder Judicial hace un llamamiento "especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel" a que "no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles". "La primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial”, subraya.

El pronunciamiento del CGPJ ha sido aprobado con los votos a favor del presidente, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda. Ha votado en contra Rafael Mozo.

El pasado 15 de enero el órgano de gobierno de los jueces ya salió al paso de unas manifestaciones de Iglesias en las que, con manifiesto desconocimiento del funcionamiento del sistema judicial, consideró "una humillación para el Estado español que jueces europeos le quiten la razón a jueces españoles", en referencia a la respuesta dada al Tribunal Supremo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al caso de Oriol Junqueras.

En aquel momento, el Consejo ya pidió "prudencia y mesura" al vicepresidente segundo del Gobierno y apeló a la "responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia".