El Tribunal Constitucional tiene previsto admitir a trámite mañana miércoles la mayoría de los recursos de amparo interpuestos por los condenados por el proceso soberanista unilateral llevado a cabo en Cataluña en el otoño de 2017, aunque no accederá a la excarcelación que han solicitado sus defensores como medida cautelarísima (la que se adopta sin oír la opinión de las demás partes del proceso).

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El TC celebrará una reunión no presencial y para cuya preparación está utilizando un procedimiento eminentemente escrito, a través de correo electrónico securizado.

Las propuestas que previsiblemente aprobará consisten en la admisión a trámite de las demandas promovidas a principios de marzo por los exconsejeros del Gobierno catalán Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carles Mundo y Joaquín Forn contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó por sedición, malversación o desobediencia a penas entre un año y ocho meses de prisión a 12 años.

El Constitucional no se pronunciará aún sobre la admisión del recurso de amparo del dirigente de ERC y exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras ni sobre el del exconsejero Raül Romeva porque ambos recusaron a todos los miembros del tribunal el 24 de marzo pero lo hicieron sin presentar el poder especial que es necesario, lo que ha retrasado la tramitación de sus pretensiones.

Sí se admitirán a trámite las demandas de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio de prisión, y de los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, sobre los que recayó una condena a nueve años de cárcel.

Las propuestas a debate descartan la concesión de la medida cautelarísima de poner en libertad a los condenados que se encuentran privados de libertad. Los defensores argumentan que se prevé un tiempo dilatado para la resolución de los recursos y que cada día de cárcel causa un daño irreversible e irreparable. A su parecer, las demandas perderían buena parte de su razón de ser y, al mismo tiempo, se están viendo afectados los derechos políticos de los condenados. También sostienen que no hay riesgo de fuga ni afectación al orden público.

Pero no es previsible que esas alegaciones prosperen. La excarcelación de los condenados supondría, de facto, dejar sin efecto la sentencia de la Sala Penal del Supremo y la concesión anticipada del amparo, señalan fuentes del tribunal.

De otro lado, la suspensión de la ejecución de penas tan altas de prisión no encaja en la doctrina del TC, que, además, suele anticipar la resolución de los recursos que afectan a personas que se encuentran en prisión.

El tribunal abrirá las piezas correspondientes para la tramitación de la medida cautelar ordinaria, que se resolverá tras oír al fiscal y a las demás acusaciones.

Con la reunión virtual de mañana el TC retoma las sesiones de pleno, que quedaron interrumpidas tras la declaración del estado de alarma. El último pleno que celebró fue justo la semana previa a la adopción de esa medida extraordinaria acordada para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19.

El 16 de marzo el Constitucional dictó un acuerdo por el que suspendió los plazos para realizar cualesquiera actuaciones procesales o administrativas durante la vigencia del estado de alarma.

No obstante, y a diferencia de lo acordado para los Juzgados y Tribunales ordinarios, en el caso del TC sí se han podido seguir presentando recursos y escritos a través del registro electrónico.

El TC ha puesto a teletrabajar a la mayoría de sus funcionarios y, aunque en mucha menor medida, ha seguido dictando resoluciones, como la que la pasada semana avaló la prohibición de las manifestaciones convocadas por los sindicatos para celebrar el Primero de Mayo.