En tono contenido, sin entrar en el 'cuerpo a cuerpo' y centrada en mensajes básicos, la exministra de Justicia Dolores Delgado ha superado en tres horas y media la comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso como candidata a fiscal general a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Delgado defiende su propuesta como fiscal general del Estado

Los portavoces del PP, Ciudadanos y Vox utilizaron su artillería más gruesa, que incluyó la resurrección de las chuscas conversaciones de Delgado con el comisario Villarejo ("¿puede garantizar que no van a salir más cintas?", le espetó Luis Santamaría), su alineación partidista con el PSOE ("su candidatura es una anomalía democrática inaceptable, va a estar siempre bajo sospecha porque no va a poder garantizar la imparcialidad de la institución", le dijo Edmundo Bal) o el recelo sobre su trayectoria profesional pasada y futura ("usted es de desconocido prestigio" y "viene viene a pagar la deuda de Sánchez con sus socios comunistas, proetarras y separatistas, viene a ayudar a la impunidad de los condenados golpistas", le soltó Javier Ortega Smith).

Pero Delgado sobrevoló los reproches, soslayó los frentes más vulnerables (no citó ni una vez a Villarejo, al que se refirió como "ese tema" para recordar que ya dio explicaciones en la Cámara en octubre de 2018) y se mantuvo en el discurso más ortodoxo posible: "La actuación de esta fiscal se va a atener siempre al principio de legalidad, imparcialidad y transparencia", aseguró. "Pueden no confiar en esta candidata, pero confíen en el sistema, que tiene normas para garantizar la independencia". De ahí no la sacó nadie.

'Ho tornarem a fer'

En el lado opuesto, tampoco entró en las críticas de los portavoces de Podemos y ERC, Jaume Asens y Carolina Telechea, a los informes de la Fiscalía contrarios a las medidas penitenciarias con las que la Generalitat está beneficiando a los condenados por el 'procés'. "No voy a opinar sobre causas concretas que están en tramitación", dijo Delgado. Ni siquiera reaccionó cuando la representante de la CUP, Mireia Vehí, parafaseó a Cuixart y aseguró que "ho tornarem a fer, lo volveremos a hacer las veces que haga falta".

Delgado se marchó del Congreso sin aclarar si va a abstenerse de intervenir en las causas que le pueden afectar directamente (el caso Villarejo) o sobre las que ha tomado decisiones como ministra (el 'procés'). "Habrá de valorarse si procede lo no la abstención caso a caso, teniendo en cuenta que el fiscal general interviene en contadísimos asuntos, excepto que los avoque para sí. Con lo cual es mucho más complicada la abstención", manifestó la futura responsable del Ministerio Público después de descartar que su ideología política pueda ser causa de abstención. Citó a este respecto, los casos de los miembros del Tribunal Constitucional Andrés Ollero y Francisco Pérez de los Cobos, vinculados al PP.

Para Delgado, su pertenencia al Ejecutivo hasta hace 38 días "no debería producir desasosiego". 

"Si se parte del concepto de servicio público, el hecho de haber sido ministra no debe entenderse como una debilidad sino como una fortaleza", ha sostenido.

Delgado se ha puesto el traje de "fiscal de trinchera", como se ha autodefinido, y ha obviado su puesto número 5 en la lista electoral encabezada por Pedro Sánchez, su activa participación en las campañas electorales de Ferraz o su beligerancia política frente a la oposición. Ni siquiera ha mencionado su desempeño como exdiputada socialista hasta el pasado enero.

Según ha dicho al glosar su trayectoria profesional, "he actuado siempre guiada por la defensa de la legalidad" y por su vocación de "compromiso con el servicio público". "Mal se puede pensar que una servidora pública con alma de fiscal puede traicionar sus convicciones mantenidas durante 30 años".

El cargo de ministra le ha proporcionado "un profundo y mejor conocimiento de la Justicia" y no hay motivo para la sospecha porque "el sistema preserva la autonomía, imparcialidad e independencia del Ministerio Fiscal".

"Poner bajo sospecha permanente a la Fiscalía es injusto para quienes todos los días acuden a sus puestos de trabajo para defender la legalidad y el interés publico y social", ha indicado.

Según ha manifestado, el principio de jerarquía del Ministerio Fiscal "no es un mando robótico". "Mi concepción pasa por considerar a los fiscales como los grandes profesionales que son. Debemos ser autónomos frente al Poder Ejecutivo y responsables ante la sociedad y nuestra propia jerarquía interna", ha señalado.

"Democratización" del acceso

Delgado ha presentado un programa de trabajo uno de cuyos aspectos es la "democratización del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal".

Según ha dicho, "la oposición es un método de selección objetivo pero es necesario introducir variaciones en el sistema de acceso. Es absolutamente necesario remover aquellos obstáculos que impiden que todos, con independencia de su nivel económico o del lugar donde residan, puedan prepararse para el acceso en igualdad de condiciones e idénticas oportunidades".

Delgado ha hablado del establecimiento de un "sistema público de becas", de "incorporar [en las pruebas de acceso] habilidades no exclusivamente memorísticas e idiomas extranjeros" y de "unificar la formación de fiscales y jueces en prácticas.

Nada de ello fue desarrollado durante su etapa como ministra de Justicia -no fue ni siquiera planteado-, como tampoco fue suprimido el artículo 324 de la ley procesal penal, eliminación a la que ha instado a las fuerzas políticas para impedir que se sigan generando "espacios de impunidad".

También ha reclamado que sea la Fiscalía, y no el Ministerio de Justicia, la autoridad central en los procedimientos de cooperación internacional, un cambio que tampoco acometió cuando ella era titular del departamento.

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