La decisión del juez García-Castellón de archivar la pieza 19 del caso Tándem supone "un cierre en falso" de la investigación sobre si la publicación de grabaciones subrepticias realizadas por el comisario Villarejo pudo ser utilizada para extorsionar a empresarios y sociedades mencionados en esas conversaciones, publicadas por moncloa.com y elconfidencial.com.
Así lo afirman los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano en el recurso de apelación que han presentado contra el archivo de las diligencias, impugnación en la que insisten en que existen "sólidos indicios" de la comisión de un presunto delito de extorsión por parte de moncloa.com. Y creen que el periodista Antonio García Ferreras puede contribuir a esclarecerlo.
Los fiscales no recurren el sobreseimiento del proceso respecto a elconfidencial.com, cuyos directivos Ignacio García Cardero y Alberto Pérez ha quedado exonerados de la presunta desobediencia grave por la que fueron llamados a declarar tras seguir publicando grabaciones de Villarejo pese a la prohibición acordada por el juez. La Fiscalía coincide con el juez en la prevalencia, en este caso, del derecho a la información.
Las cosas son distintas respecto a moncloa.com. Según el recurso, no se ha valorado "si permanece un riesgo real y constatable de que el medio de comunicación pudiera seguir utilizando el material periodístico disponible para mercadear ilícitamente con su publicación". En este caso, "la conducta delictiva conllevaría la invocación del derecho fundamental a la información como mera coartada de la conducta criminal".
Palabra de Florentino
La principal apoyatura indiciaria de los fiscales son las declaraciones de Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid. En una comparecencia ante el juez el pasado 14 de noviembre, el empresario manifestó que "no había tenido conocimiento de que había sido investigado por Cenyt [una de las empresas de Villarejo] hasta que en febrero de 2019 dos periodistas, cuya identidad no aportó justificando que había sido informado de ello bajo estricta confidencialidad, le habían advertido de que Alejandro Suárez, propietario de moncloa.com, tenía en su poder documentos y grabaciones que le habían sido vendidos por Gemma Alcalá, esposa de José Manuel Villarejo, y que podría evitar la publicación si pagaba un millón de euros".
Esos mismos "periodistas de su confianza", añadió Florentino, le dijeron que en fechas próximas parte de ese material iba a ser difundido. El presidente de ACS llegó a indicar que la publicación se produciría cuatro días más tarde y, efectivamente, el 18 de noviembre la citada web publicó una noticia titulada "Iberdrola encargó a Villarejo espiar a Florentino Pérez". "La citada información fue seguidamente publicada por el digital elconfidencial.com", señalan los fiscales.
Ese mismo 18 de noviembre Florentino Pérez volvió a declarar, esta vez ante la Policía Judicial por delegación expresa del juez García-Castellón. El empresario dijo tener datos de que al día siguiente moncloa.com publicaría una noticia en relación a un posible "topo" dentro de la empresa ACS, lo que efectivamente ocurrió.
La parte más interesante de esa segunda declaración de Florentino fue la ampliación de la confidencia recibida a primeros de año. "En enero o febrero", relató, "me ofrecieron comprar un material generado por Villarejo que me afecta, pero como quiera que no acepté dicho ofrecimiento no puedo saber si es lo mismo que se está publicando ahora. El vínculo que sí conozco es que el material que me ofrecieron era ofertado por Alejandro Suárez, quien hizo llegar a mi entorno que el declarante podría comprarlo, estando motivado el precio al parecer porque necesitaba dinero la mujer de
Villarejo".
Cinco correos
Florentino Pérez añadió que justo ese día -18 de noviembre- había recibido un correo electrónico del director de relaciones institucionales de Merca2, que pertenece al
mismo grupo empresarial que moncloa.com, el que le solicitaban una reunión institucional, pidiendo que indicara fecha y hora para cerrar el encuentro.
El presidente del Real Madrid entregó a la Policía la copia de ese correo y de otros cuatro de similar contenido recibidos en marzo, mayo, junio y septiembre, no contestados por Pérez.
Para los fiscales, el juez, al archivar las diligencias, ha "minusvalorado" el valor indiciario de esos correos porque "el primero se produce en fecha próxima" al momento en que Florentino Pérez manifiesta que fue avisado de que se iban a producir publicaciones en su contra. "Los tres siguientes son de fechas anteriores al comienzo de las publicaciones en los medios digitales moncloa.com y El Confidencial. Y el último de los correos está fechado, precisamente, el 18 de noviembre a las 18'44 horas, anterior en solo unas horas a la referida publicación del 19 de noviembre en ambos medios".
"No se comprende" que los mismos indicios que sirvieron para iniciar la investigación sean ahora valorados "de una forma tan contradictoria" por el juez acordando el archivo, se quejan los fiscales.
Señalan que, aunque Florentino Pérez no dio el nombre de sus informantes, el propietario de moncloa.com "sí identificó como intermediario a Antonio García Ferreras, conocido común de ambos".
Los fiscales pidieron, por ello, a primera hora del pasado 28 de enero -fecha del cierre de las diligencias por el juez- que se llamase a declarar al periodista "con objeto de recabar la versión directa del intermediario que presuntamente trasladó el mensaje del director del medio al empresario al que afectaba la información disponible para su publicación".
Más declaraciones
Stampa y Serrano también proponían que se llamase a la empleada de Merca2 que envió los correos y a Juan José Díaz Clavel, responsable del departamento de comunicación de ACS y receptor directo de los mensajes, "que además estaría en condiciones objetivas, por su cargo, de confirmar si el presidente de ACS habría
declinado contratar publicidad o patrocinio con la empresa periodística".
El "extravante" auto de archivo no valoró la pertinencia de estas propuestas, destaca el recurso, que será resuelto por la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
Por el contrario, el juez no sólo cerró el caso sino que esperó hasta ese momento para levantar el secreto sumarial, sin respetar el plazo legal de 10 días entre una decisión y otra. Con ello, sostienen los fiscales, privó a Florentino Pérez -y a otros posibles objetivos de la presunta extorsión, como Iberdrola, apuntan- del derecho a conocer la investigación realizada y solicitar las diligencias que estimara necesarias.