Primer desencuentro relevante entre el juez del caso Tándem, Manuel García-Castellón, y los fiscales anticorrupción encargados de la investigación sobre el comisario José Manuel Villarejo. Contra el criterio de la Fiscalía -que había pedido nuevas diligencias que no se han practicado- el instructor ha archivado la pieza número 19, relativa a la publicación en moncloa.com y elconfidencial.com de grabaciones ilegales realizadas por Villarejo y relacionadas con encargos efectuados por entidades como el BBVA o Ibedrola.

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La pieza 19 se abrió a instancias de la Fiscalía, que sostiene que moncloa.com y elconfidencial.com son "instrumentos al servicio de la organización criminal dirigida por Villarejo". El policía, hoy encarcelado, habría orquestado la publicación de las grabaciones con el objetivo de "lograr una intoxicación informativa y la contaminación del procedimiento" que se sigue contra él.

La tesis de los fiscales es que la publicación del material sensible recopilado por Villarejo sobre grandes empresas, bancos y cargos públicos tendría por finalidad "obtener réditos procesales, bien en el seno de su estrategia de defensa procesal, bien directamente mediante el chantaje o la extorsión de aquellas personas que pudieran
favorecer la situación del investigado en el seno del procedimiento" penal.

Testifica Florentino

La pieza 19 recibió un importante impulso a raíz de la declaración como testigo del presidente de ACS, Florentino Pérez, en la pieza 17, relativa a la contratación de Villarejo por Iberdrola. Pérez manifestó el pasado 14 de noviembre que había tenido conocimiento de que podría haber sido objeto de una investigación por parte del comisario y que supo que moncloa.com tenía en su poder "documentos y grabaciones correspondientes al trabajo efectuado por Villarejo (aparentemente facilitados por la esposa del mismo), añadiendo que podría evitar la publicación de este material abonando una importante cantidad de dinero".

El empresario volvió a declarar, esta vez ante la Policía Judicial, el 19 de noviembre y aportó cinco correos electrónicos "remitidos por Ricardo Ducazcal, director de relaciones institucionales y publicidad de la mercantil Mercados y Estilos de Vida S.L.
(empresa propietaria de moncloa.com), al departamento de comunicación de ACS, interesando mantener reuniones de carácter institucional".

El último correo era de fecha 18 de noviembre. Un día después moncloa.com y elconfidencial.com publicaron que habían podido acceder a grabaciones de Villarejo hablando del presidente de ACS "sin desvelar, por el momento, su contenido".

Para el fiscal, estos datos "podrían configurar un cuadro indiciario propio de una conducta extorsionadora, al menos sobre Florentino Pérez, en la medida en que se podrían exigir pagos a cambio de la entrega del material que los medios de comunicación tendrían en su poder, bajo amenaza de publicarlos de no hacerse efectivo el abono de las cantidades exigidas".

Según el juez, sin embargo, Florentino Pérez "no identifica en ningún momento quiénes son las personas que le transmiten que los medios dispondrían de grabaciones que podrían usar como medio de extorsión, ni facilita dato alguno que permita concretar o corroborar estas sospechas, más allá de unos correos electrónicos en los que se interesa una reunión por parte del medio de comunicación".

Archivo

También se desconoce "si ha habido alguna acción intimidatoria encaminada a obligar al testigo a realizar un acto o negocio jurídico" por lo que, para el instructor, "en este momento la vaguedad de la imputación impide seguir adelante con la investigación".

García-Castellón ha acordado el archivo de la pieza, exonerando a los directivos de los citados medios, ya que "las diligencias de investigación practicadas no han permitido arrojar un vínculo entre los medios de comunicación de los investigados Alejandro Suárez (moncloa.com) e Ignacio García Cardero (elconfidencial.com) y Villarejo, puesto que además en este momento no es posible determinar el origen de las grabaciones que fueron publicadas".

El juez destaca que la publicación de esas cintas quedaría amparada por el derecho a la libertad de información, por lo que deja sin efecto la prohibición de publicar que acordó el 19 de noviembre de 2019.

Miguel Durán, defensor de Alejandro Suárez, criticó este jueves la actuación de los fiscales y agradeció al instructor que "finalmente haya hecho prevalecer los derechos fundamentales de información y de presunción de inocencia".

"Espero que la futura fiscal general, concernida directamente por las informaciones difundidas por el medio del que soy asesor legal, no busque nunca amparo en sus subordinados jerárquicos para yugular la libertad de expresión, información y opinión, porque si lo hace nos tendrá directamente enfrente", advirtió el letrado.