El efecto de las actividades presuntamente delictivas del comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, se ha trasladado a un juicio oral por primera vez este miércoles. La Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional juzga al presidente de Ausbanc, Luis Pineda; al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad; a la abogada Virginia López Negrete y a otras ocho personas por presuntos delitos de organización criminal y extorsión que empezaron a ser investigados a raíz de una denuncia que, según las defensas, fue "prefabricada" entre Villarejo, el BBVA y la Udef.

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"Todo esto deviene de una causa espuria, montada por el BBVA, sirviéndose de estructuras policiales y parapoliciales", sostuvo Miguel Durán, defensor de Pineda, durante la primera sesión de la vista, dedicada a las cuestiones previas.

La tesis de la defensa es que el BBVA contrató a Villarejo para que, a cambio de cantidades millonarias, investigara "la vida y milagros" del presidente de Ausbanc, "que fue quien consiguió la condena judicial del BBVA y de otras entidades por las cláusulas suelo".

Parte del contrato de Villarejo fue "pergeñar una denuncia falsa" que se presentó en la Udef de forma anónima para desencadenar un procedimiento judicial, como en efecto ocurrió.

Durán y el resto de defensores han pedido al tribunal que suspenda el juicio para llevar a cabo una investigación suplementaria con el fin de saber en qué medida Villarejo contaminó el caso Ausbanc.

Los letrados sostienen que en el Juzgado Central de Instrucción número 6 -el que investiga al comisario dentro de un conglomerado de piezas del caso Tándem- existen datos que pueden aclarar el origen del caso Ausbanc, entre ellos un ordenador portátil intervenido a Villarejo en el que se encontraría la denuncia anónima e informes que luego habrían sido suscritos por la Udef y enviados a la Fiscalía Anticorrupción.

La pretensión de las defensas es que la Sección Cuarta pida al Juzgado el levantamiento parcial del secreto para acceder a esa información o bien esperar a que la pieza BBVA deje de estar secreta en su totalidad.

El fiscal anticorrupción José Perals se opuso tanto a la suspensión del juicio como a todas las peticiones de nulidad esgrimidas por los acusados.

El representante del Ministerio Público, que también rechaza que Villarejo sea llamado como testigo dada su "escasa fiabilidad", ha sostenido que no se intuye que con la presentación de la denuncia que dio origen al procedimiento se cometiera ningún delito.

La acusación

La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses por organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.

Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, el Ministerio Fiscal solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.

El escrito de acusación provisional sostiene que Pineda ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones y las cuotas de los asociados adheridos, a los que no se permitía participar en la toma de decisiones de Ausbanc.

Según la Fiscalía, Pineda y Bernad intentaron negociar la retirada de la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la hermana del rey Felipe. Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien "seguía las instrucciones que le daba Bernad".