"¿Reconoce usted los hechos objeto de acusación?", preguntó el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. "Sí"o "Bai" (en euskera) contestaron este lunes los acusados del denominado frente de cárceles o frente de makos en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional.
Y los hechos recogidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, por el que solicitaba penas de entre 11 y 14 años de prisión para los hasta 47 acusados, tienen que ver con la implicación que todos tuvieron con la organización terrorista ETA. El Ministerio público sostiene que los acusados, abogados que defendieron a terroristas en juicios o reivindicaron sus derechos ante Prisiones, así como pidieron su acercamiento a País Vasco y Navarra, en realidad pertenecían a la banda terrorista y respondían a sus directrices. También que, una vez ésta anunció el alto el fuego en 2012, las entidades sociales representadas por ellos pasaron a ser "uno de los principales elementos de movilización de la base de ETA y su entorno".
Todos los acusados, entre quienes se encuentran los abogados Arantza Zulueta y Jon Enperantza -para quienes el Ministerio Público solicitaba 14 años de prisión como dirigentes y participantes activos de la banda- la concejal de Bildu de Pamplona Amaia Izco o el exsenador Iñaki Goioaga, han admitido la acusación de la Fiscalía para conseguir penas menores. Finalmente, todos han sido condenados a penas que van del año de prisión a los dos años y siete meses en el caso de Enperantza y tres años y medio en el de Zulueta, las dos penas más altas.
Evitar el juicio
La mayoría abogados de profesión, han debido ver complicado justificar ante un Tribunal lo que vienen defendiendo en platós de televisión y estudios de radio. También en las ruedas de prensa de sus respectivos ayuntamientos, como ha sido el caso de Izco. Decían que, aunque próximos a los presos y a sus reivindicaciones, no formaban parte de la banda terrorista ETA.
Pero el miedo a poner un pie en prisión ante unas peticiones de condenas tan altas les han llevado a tragar las ruedas de molino del escrito de acusación del fiscal Carballo y decir "Sí", "Bai", con poco convencimiento.
Asumir los hechos tendrá consecuencias en sus vidas personales, en sus puestos de trabajo. Ese ha sido el caso, este mismo lunes, de Amaia Izco, que ha anunciado que abandonaba la concejalía del Ayuntamiento de la capital navarra después de la conformidad alcanzada en la Audiencia Nacional.
Todos han preferido llegar a una conformidad y asegurarse la libertad, aunque con una inhabilitación absoluta para el empleo público durante tres años, además de no someterse a un juicio que, por el volumen de acusados, se alargaría mucho.
Covite, en contra
Los acusados han asumido así importantes datos de su cercanía con ETA contenidos en el escrito de acusación, como que tenían la misión de mantener la cohesión dentro del colectivo de presos dada la relevancia que adquieren éstos tras el alto el fuego de ETA.
También que a partir del año 2012 el frente de cárceles estaba integrado por Herrira (sucesora de Askatasuna), el colectivo de abogados (cumpliendo funciones de asistencia jurídica, pero también de control e influencia política sobre los presos), Etxerat (quien se ocupa del entorno social y familiar de los presos), Jaiki Jaidi (quien se ocupa de la asistencia médica a los presos) y el propio colectivo de presos EPPK, de las que los acusados formaban parte.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha considerado muy importante que los acusados reconocieran tales hechos que llevan años denunciando. Sin embargo, la asociación de víctimas Covite ha emitido un comunicado en el que considera que "la estrategia de pactos judiciales con ETA y su entorno político y social favorece la impunidad". Así, se han mostrado rotundamente en contra de la "negociación con terroristas dentro o fuera de los juzgados".