La Fiscalía Anticorrupción ha presentado al juez José de la Mata su escrito de acusación contra los responsables de la empresa pública y comercializadora de armas DEFEX, así como contra ésta como por presunta corrupción en las transacciones realizadas con la república de Camerún entre los años 2005 y 2013, incluyendo sobornos a autoridades de dicho país.
El Ministerio Público solicita multas y decomisos por valor de 113 millones de euros para la empresa y altas penas de prisión para sus responsables, de hasta 23 años de cárcel en el caso del director comercial de la compañía, Manuel Iglesias, por los presuntos delitos de malversación (8 años), blanqueo de capitales (6 años), falsedad (3 años) y corrupción en las transacciones comerciales (6 años).
Según se describe en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, Defex realizó operaciones comerciales con el Gobierno de Camerún para el suministro de "bienes destinados a la defensa de la seguridad del país" por un valor superior a los 103 millones de euros.
Para ello, habría enviado como comercial al ciudadano francés residente en Camerún Philippe Bourcier, quien a través de sus empresas "carentes de una estructura y organización para realizar una actividad salvo la de titular cuentas en entidades bancarias radicadas en Suiza, Reino Unido y Camerún que permitiesen recibir y transferir fondos", realizó transacciones con las autoridades de aquel país, para lo que las habría sobornado.
Según la Fiscalía, las empresas a nombre de Bourcier se utilizaron, en último término, para que la propia Defex cobrara comisiones por los contratos realizados, así como distintas autoridades y funcionarios públicos de Camerún, Senegal, Gabón y Argelia.
En el escrito también se da importancia para la obtención y ejecución de los contratos públicos con las autoridades de Camerún a un contralmirante, Pierre Njine Djonkam, "quien fue destinatario de regalos, viajes, estancias hoteleras y gastos de cirugía estética por parte de la empresa pública DEFEX, y de comisiones pagadas a través de Philippe Bourcier y sus empresas instrumentales o pantallas KB Consultans LTD, Bedderton LTD, Rybosa Sarl, Ess Group LTD, Bosa Engineering Consult LTD, Unirex Business SA y Ferwell Enginering LTD".
Falta de supervisión
Según el informe de la Fiscalía, la compañía "carecía de cualquier sistema interno de organización, supervisión y control de las actuaciones de sus directivos", por lo que estos podrían haber cobrado comisiones sin que se conociera "la verdadera realidad de su actividad de representación o intermediación o servicios prestados para la mercantil pública en los países donde actuaba".
A partir de la entrada en la compañía de los dos directivos Jorge Gómez Monje y Alejandro Siscart, ambos inspectores del Banco de España, llegaron a la compañía los controles y dejaron de hacerse contratos verbales, pagos en paraísos fiscales o zonas offshore salvo en países donde la compañía tuviera agentes comerciales como Singapur y se estableció que los pagos debían hacerse en España.