El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, deberá decidir en los próximos días si investiga al BBVA como persona jurídica en el caso Tándem o caso Villarejo, como ha decidido solicitar la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes del Ministerio Público han confirmado a el EL ESPAÑOL la inminente presentación de un escrito dirigido a titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que solicita que se dé al BBVA el estatuto de investigado como persona jurídica. Ello significa que podrá personarse con asistencia letrada para defenderse de las imputaciones que puedan formularse en su contra como entidad que autorizó y financió labores de espionaje contratadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, a través de su empresa Cenyt.
Una de las piezas del ya denominado caso Villarejo se centra en investigar los informes que Villarejo hizo por encargo del banco y en los que se hizo un seguimiento a políticos y empresarios, como Luis del Rivero, de Sacyr, ante la sospecha de que planeaban un asalto a la entidad para dominarla desde el Consejo de Administración. El comisario, que gestionó todos los contratos con el exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano, también investigado, llegó a tener en sus manos el listado de hasta 15.000 llamadas intercambiadas entre las personas a las que se hizo dicho seguimiento. Una de las vías de investigación se centra precisamente en despejar quién proporcionó dicho listado.
Faltan datos para citar a FG
Por otro lado, los investigadores también tratan de saber si el presidente del banco, Francisco González, estaba al tanto de las prácticas ilegales utilizadas por Villarejo para cumplir su trabajo, por el que cobró unos 10 millones de euros procedentes de la entidad y si fue él quien lo encargó.
Sin embargo, Anticorrupción no va a pedir de momento que se dé la condición procesal de investigado a Francisco González (FG). Fuentes de la Fiscalía explicaron que la citación como investigado de González podría producirse en el futuro pero no en este momento porque los investigaciones no disponen aún de todos los datos necesarios.
La pasada semana, el juez citó como investigados a distintos directivos del BBVA, entre ellos al exconsejero delegado Ángel Cano, para que explicaran lo que conocían sobre dichos encargos. También a Corrochano, a quien impuso una fianza de 300.000 euros para quedar en libertad, a su subordinada Inés Ochagavía y a otro responsable de seguridad de la entidad, Nazario Campo. También al socio de Villarejo en Cenyt, Rafael Redondo, y al exresponsable de inmobiliario de BBVA, Antonio Béjar. Tan sólo estos dos últimos investigados decidieron declarar ante el juez y los fiscales del caso. El resto de citados se acogieron a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto de la pieza en la que están investigados.