Los ocho directivos y exdirectivos de BBVA imputados por el 'caso Villarejo' han recurrido a distintos abogados penalistas de alto nivel para preparar sus defensas. Gracias a la póliza para la alta dirección que BBVA tenía firmada con Mapfre cuando sucedieron los hechos que ahora están siendo investigados por la Justicia, la aseguradora se hará cargo de los costes judiciales de todos los investigados con un límite holgado, según fuentes conocedoras del proceso.
Tanto es así que el único de los exdirectivos que tiene que abonar fianza, Julio Corrochano, podría intentar que la compañía de seguros se hiciera cargo. No obstante, el precedente de Rodrigo Rato -que se vio en una situación similar con el 'caso de las tarjetas black' e intentó, sin éxito, que Mapfre la abonara- indica que el exresponsable de Seguridad del banco tendrá que costear los 300.000 euros que ha solicitado la Audiencia Nacional.
En ese sentido, expertos consultados señalan que los seguros de responsabilidad civil suelen excluir hechos dolosos, como es lógico. De este modo, la cobertura, podría limitarse al pago de los abogados, aunque con un elevado presupuesto.
El excomisario y exdirectivo que desde que el llamado 'clan de Neguri' abandonó el banco se ha hecho cargo de la seguridad de BBVA es el único al que el juez ha solicitado fianza. Su defensa está en manos del conocido despacho Rodríguez Mourullo, especialistas en casos penales relacionados con delitos económicos.
Este despacho boutique también representa a los otros dos directivos imputados del departamento de Seguridad: la que fuera su número dos y actual responsable de este área, Inés Díaz Ochagavia, y el jefe de equipo de seguridad de BBVA, Nazario Campo Campuzano.
Estrategia de Cano
Con una estrategia diferente, el exconsejero delegado de BBVA, Ángel Cano, se presentó este jueves en la Audiencia Nacional junto a su abogado, el socio responsable de Penal de la firma Jones Day, José Bonilla, que también representa al ex responsable de Contabilidad y Relación con los Supervisores del banco, Ricardo Gómez Barredo, que en la actualidad es consejero independiente de la filial turca de la entidad Garanti.
Ambos ejecutivos solicitaron la pasada semana retrasar su citación judicial alegando un viaje en el extranjero y el juez instructor Manuel García-Castellón lo aceptó, lo que les permitió acudir a la Audiencia Nacional ayer, jueves, por la mañana.
Al igual que todos los imputados del Departamento de Seguridad, Cano y Gómez Barredo se acogieron a su derecho a no declarar. Pese a que Cano fue la mano derecha del expresidente de BBVA durante años, las filtraciones indican que el exconsejero delegado ha sido llamado por las responsabilidades que ocupaba como director de Recursos y Medios.
Cano fue consejero de BBVA entre 2009 y 2015 y su salida de la entidad financiera y despedida de FG no fue especialmente pacífica. Por ello, algunos temían que pudiera 'tirar de la manta', aunque como imputado ayer optó por la prudencia y ni declaró, ni aportó ninguna documentación a la instrucción de la causa.
El único que colabora
Una estrategia muy distinta ha seguido el exresponsable de la división inmobiliaria, Antonio Béjar, que ha contratado al exmagistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez y es el único que ha confiado su defensa a este conocido abogado penalista.
El actual presidente de la filial del banco, Distrito Castellana Norte, también es el único de los directivos del banco que ha pasado por la Audiencia y ha aceptado declarar, aunque sólo a preguntas de su abogado.
En su caso, más allá de las supuestas escuchas que relacionan al banco con la empresa del excomisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión, por el asalto que preparaba Sacyr al accionariado de BBVA, el foco está también en otros presuntos encargos para vigilar de cerca a grandes inmobiliarias morosas del banco, como Martinsa Fadesa. Un posible encargo que también podría haber pasado por otros departamentos, como el de Contabilidad, cuyo antiguo responsable está también imputado.
De hecho, Béjar reconoció ante el juez García-Castellón que contrató a Cenyt entre los años 2010 y 2013 para localizar a morosos, pero negó conocer que el excomisario Villarejo estuviera detrás de esta empresa.