El juicio de los ordenadores de Bárcenas, en el que el Partido Popular, su responsable legal, su gerente y su informático se han sentado en el banquillo por destruir dos ordenadores del extesorero en prisión que podrían albergar información sobre la caja B de la formación, ha quedado visto para sentencia este viernes. 

Noticias relacionadas

Llega el momento ahora de que el juez Eduardo Muñoz de Baena, titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, delibere sobre una sentencia. Pero, atendiendo a las pruebas presentadas en plenario, la balanza se inclina por una sentencia absolutoria para el PP y sus trabajadores. 

Las acusaciones, ejercidas por Izquierda Unida-Los Verdes, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y Observatori Desc, sostienen que los ordenadores destruidos por el partido, que se sobreescribieron y rayaron hasta 35 veces, contenían la información sobre la financiación irregular del partido "de relevancia pública" y por eso solicitan que se le castigue por dos delitos de daños informáticos y a sus trabajadores por éstos además de por encubrimiento. 

Sin embargo, la única prueba fehaciente de que los discos duros de los ordenadores de Bárcenas contenían dicha información es su propia declaración durante el juicio. Y ésta se contradice con las anteriores comparecencias sobre sus apuntes contables en la Audiencia Nacional, puesto que cada una de las cuatro veces que declaró en el Juzgado Central de Instrucción número 5 hizo afirmaciones distintas, según recordó durante las conclusiones definitivas del juicio el abogado del Partido Popular, Jesús Santos. 

"¿Buscaban pena de banquillo?"

"Las acusaciones dicen hemos llegado hasta aquí y no es poco. ¿Qué es lo que buscaban, la pena de banquillo? Han conseguido lo que querían, poner a un partido político en el banquillo a costa de tres cabezas de turco, porque no hay nada", defendía Enrique Molina, abogado de Carmen Navarro, exgerente del PP acusada. "Es la primera vez que se juzga a alguien por lo que es y no por lo que ha hecho. Porque lo único que dicen sobre mi defendida es que actuó con condescendencia sobre la destrucción de los ordenadores", continuó Molina.

Las defensas sostienen que la acusación ha transformado el concepto de daño material en daño informático y que no ha quedado acreditado el tipo de información que contenían los ordenadores, por lo que entienden que tampoco se sostienen los hechos delictivos.

"Las acusaciones populares se han apartado de los criterios técnicos y han viciado sus argumentos con sesgo retrosprectivo. No se pueden interpretar los hechos pasados con el conocimiento actual de la realidad. Así no se razona en Derecho", afirmó Esteban Mestre, abogado de Alberto Durán, asesor legal del Partido Popular también acusado.

Desde el inicio del juicio, tanto el PP como las defensas de los otros tres acusados han sostenido que el partido destruyó los ordenadores de Bárcenas para atender a un nuevo protocolo de actuación acorde con la Ley de Protección de Datos y que su actuación, por tanto, fue legal. "El delito de encubrimiento implica conocer el delito que se encubre, y las acusaciones sólo han presentado presunciones o sospechas, no pruebas del delito concreto", sostuvo Carlos Gómez-Jara, defensor del informático José Manuel Moreno que implantó el mencionado protocolo. 

Fiscalía pide la absolución

El Ministerio Público no sólo no acusa en esta causa, sino que solicita la absolución del Partido Popular basándose en que la destrucción de los ordenadores no tuvo repercusiones negativas para un "ajeno". La fiscal Carmen Luciáñez sostuvo durante sus conclusiones definitivas que los ordenadores eran propiedad del Partido Popular y no de Luis Bárcenas (como él asegura). Por lo tanto, según la representante fiscal, no puede existir delito de daños informáticos porque el artículo 264.1 del Código Penal establece que para que esto ocurra el daño debe ser para un tercero. Tampoco ve posible, por tanto, que hubiera un delito de encubrimiento que siempre requiere un delito anterior. 

El defensor del Partido Popular, por su parte, llegó incluso a parafrasear el artículo primero del Estatuto de los Trabajadores para justificar que los apuntes de Bárcenas, trabajador del PP, eran propiedad del partido. 

"Aunque sean datos apócrifos pertenecen al empresario, al PP. Según el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, los frutos del empresario se transfieren al empresario", afirmó Jesús Santos a pesar de que la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, siempre ha sostenido que Bárcenas dejó de trabajar para el Partido Popular en el año 2009. Así lo afirmó también en su declaración durante este juicio, al que acudió como testigo y donde aseguró no saber nada sobre la destrucción de los ordenadores.