La Fiscalía eleva a definitiva la petición de absolución del Partido Popular en el caso de los ordenadores de Bárcenas por destruir los dos portátiles utilizados por el extesorero del partido y que, según él, habrían contenido la información sobre la financiación irregular del PP desde el año 1993 hasta 2008.

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El Ministerio Público parte de la base de que los dos ordenadores eran propiedad del Partido Popular y no de Luis Bárceas y, por lo tanto, no puede existir delito de daños informáticos porque el artículo 264.1 del Código Penal establece que para que esto ocurra el daño debe ser sobre un bien "ajeno". 

Es decir, la Fiscalía sostiene que el PP pudo destruir los ordenadores porque eran suyos. Así lo ha explicado la fiscal Carmen Luciáñez durante la exposición de las conclusiones definitivas del juicio: "Partiendo de la base de que el PP fue quien destruyó su contabilidad B, esos datos eran del PP y por tanto no era ajena". La fiscal tampoco ve que hubiera un perjuicio patrimonial grave, de más de 80.000 euros, contra nadie puesto que éste no se pudo valorar. 

En cuanto al delito de encubrimiento por el que también están acusados el responsable legal del PP, Alberto Durán, la gerente Carmen Navarro y el responsable de Informática, José Manuel Moreno, el Ministerio Público tampoco ve delito posible puesto que éste siempre debe relacionarse con un delito anterior. Además, según la Fiscalía, la caja B que atesoraba Bárcenas llegaba hasta el año 2006 y, por tanto, "no habría un delito de obstrucción a la Justicia porque los delitos estarían prescritos". 

Bárcenas dice que eran suyos

No da ninguna validez por tanto la Fiscalía a la versión de Luis Bárcenas, que asegura que los ordenadores eran suyos y no del Partido Popular y ha presentado facturas de reparación para acreditarlo. Se queda con la versión del Partido Popular y las defensas de los acusados, que afirman que dichos ordenadores eran propiedad del partido y se destruyeron sobreescribiéndolos y rallándolos hasta 35 veces para dejarlos "irreconocibles" en aplicación de la Ley de Protección de Datos. 

En su declaración como testigo en el juicio, Bárcenas también sostuvo que la contabilidad B del PP que guardaba en los dos portátiles iba desde el año 1993 hasta el año 2008, y no como ha sostenido la Fiscalía. 

Por otra parte, el extesorero, que renunció a ejercer la acusación particular en la causa, afirmó que "si hubiera conocido antes la existencia de la operación Kitchen que ahora se investiga en la Audiencia Nacional, no hubiera retirado su acusación". Esta operación habría consistido, según se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6, en un espionaje a Bárcenas, su familia y las personas que se reunieron con él, por un grupo de policías financiado con fondos del Estado y puesto en marcha desde el Gobierno del Partido Popular.