La "violencia" desatada en Cataluña en el otoño de 2017, que culminó con la declaración de independencia aprobada por el Parlament, fue "suficiente" e "idónea" para el fin que los secesionistas se habían propuesto: doblegar al Estado.

Así lo está defendiendo la Fiscalía durante su informe final ante la Sala Penal del Supremo. Esta es la última oportunidad que la acusación pública tendrá de hablar en el juicio que ha sentado en el banquillo, desde el pasado 12 de febrero, a nueve exmiembros del Gobierno de Carles Puigdemont, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los líderes de ANC y Ómnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Durante esta mañana, tomarán la palabra los cuatro fiscales de Sala. Javier Zaragoza sostendrá la tesis del concierto entre los acusados con la finalidad de lograr la secesión de Cataluña, un plan al que habrían contribuido los Mossos d'Esquadra comandados por el mayor Trapero. Consuelo Madrigal se centrará en la acusación de malversación de fondos. Jaime Moreno argumentará sobre la prueba de la violencia y Fidel Cadena aportará a los elementos técnico-jurídicos del delito de rebelión.

La Fiscalía ha endurecido en sus conclusiones definitivas el discurso del escrito provisional de acusación que presentó el 2 de noviembre, manteniendo en todo caso la petición de penas. La situación más comprometida es para el exvicepresidente Oriol Junqueras, que se enfrenta a una solicitud de 25 años de prisión.

La acusación definitiva del fiscal incorpora el contenido de la reunión que celebraron en el Palau de la Generalitat los máximos responsables de los Mossos con Puigdemont, Junqueras y el entonces consejero de Interior, Joaquim Forn. Los políticos fueron advertidos de que era "altamente probable" que el 1-O se produjeran situaciones violentas al enfrentarse la gente con las fuerzas policiales encargadas de cumplir las resoluciones judiciales que ordenaban impedir el referéndum independentista, convocado al margen de la ley. La respuestas de Puigdemont fue que si el 1 de octubre había violencia declararía la independencia.

Los mossos

La prueba de ese encuentro, celebrado el 28 de septiembre de 2017, la proporcionaron Trapero y otros responsables de los Mossos que han testificado en el juicio. Pero ello no ha evitado que la Fiscalía siga convencida de la responsabilidad del mayor de la Policía autonómica en la celebración de la votación del 1-O.

Entre las novedades del escrito de acusación definitivo figuran alusiones a que "el ineficaz dispositivo de los Mossos d’Esquadra fue determinante para la celebración del referéndum, pues lejos de cumplir el mandato judicial al que venían inexcusablemente obligados por imperativo legal, optaron por sujetarse a las directrices de los responsables políticos de la Generalitat".

El escrito añade que en las actuaciones que los mossos practicaron durante los días 29 y 30 de septiembre "en ningún caso requisaron material destinado al referéndum, ni impidieron como ordenaba el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la utilización de los centros hasta el 1 de octubre ni desalojaron a los que los ocupaban".

Situación "insurreccional"

Parafraseando al teniente coronel Baena, responsable de la investigación policial del 'procés', la Fiscalía ha añadido que durante el período temporal comprendido entre el 19-20 de septiembre (cuando comenzaron los registros judiciales contra la celebración del referéndum) y el 27 de octubre de 2017 (cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución) la situación en Cataluña "fue claramente insurreccional, ya que a los aproximadamente 80 incidentes con enfrentamientos y hostilidades que se produjeron en los diferentes centros de votación frente a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el mismo día 1 de octubre deben sumarse 47 actos de acoso en cuarteles de la Guardia Civil, 23 actos similares en comisarias de Policía y edificios públicos del Estado, 11 en alojamientos y hoteles de funcionarios policiales, 47 ataques a sedes del PSC, y los graves incidentes que se produjeron los días 19 y 20 de septiembre".

Otra de las novedades refuerza la presunta implicación en los hechos de Jordi Sànchez. El escrito final de acusación refleja que en una reunión celebrada en Badalona en el mes de Junio de 2016, la ANC "introdujo un cambio sustancial en su hoja de ruta para el desarrollo del procés: la aprobación de las leyes de desconexión y la convocatoria del referéndum deberían llevarse a cabo no más allá del mes de septiembre de 2017, planteando en el citado documento la necesidad de utilizar su excepcional poder de movilización como respuesta a las acciones represivas del Estado".