El exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras, ocho exconsejeros, la expresidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart responderán a partir del martes de los cargos de rebelión o sedición, malversación de fondos públicos, desobediencia al Tribunal Constitucional y organización criminal por su implicación en el 'procés': el plan llevado a cabo para conseguir la independencia de Cataluña al margen de las vías legales y establecer un nuevo Estado en forma de república.

Aunque el arranque del 'procés' es situado por las acusaciones en 2012, cuando el entonces presidente catalán Artur Mas pactó con Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalula (ERC) un 'acuerdo para la transición nacional', son los acontecimientos ocurridos en 51 días de 2017 los que centrarán los debates del juicio.

Entre el 6 de septiembre de 2017 -cuando el Parlament creó una legalidad paralela con las leyes de referéndum y de transitoriedad nacional, que fueron aprobadas pisoteando los derechos de la oposición, según ha declarado el Tribunal Constitucional- y el 27 de octubre -cuando la Cámara autonómica declaró la independencia de Cataluña ante la mirada atónita del resto de España- el orden constitucional instaurado en 1978 estuvo a punto de pasar a la historia.

Entre medias ocurrieron episodios no menores, como el asedio a la comisión judicial que registraba la Consejería de Junqueras el 20 de septiembre de 2017, la celebración del referéndum del 1-O pese a la prohibición del Tribunal Constitucional o la declaración de independencia proclamada el 10 de octubre por Carles Puigdemont, el gran ausente de este juicio al haberse dado a la fuga.

Si todo ello fue el ejercicio legítimo de una aspiración política con gran apoyo social que no ha podido tener otro cauce debido a la cerrazón del Gobierno central -como sostienen las defensas- o fue -mantienen las acusaciones- la imposición de una hoja de ruta que orilló las vías legales, desacató las resoluciones de los tribunales, sepultó la disidencia política en Cataluña e implantó su propia legalidad y estructuras de nación para obligar al Estado a aceptar la segregación será analizado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo durante los tres próximos meses.

Ésa es la duración estimada de una vista oral que las defensas intentarán estirar todo lo posible para que el altavoz propagandístico que el juicio representa para los independentistas se extienda a la campaña de las elecciones locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

Derecho y transparencia

La Sala es consciente de los riesgos de interferencia política y del desafío que supone un juicio que marcará la historia de España, una vista en la que la Justicia española se juega su prestigio ante los ojos del mundo. Su apuesta es la transparencia (todas las sesiones serán retransmitidas en tiempo real, algo que no se hace en ningún sistema judicial de Europa) y, sobre todo, que la vista se centre en las cuestiones de Derecho que se dilucidan.

En realidad, la causa del 'procés' se limita, en términos jurídicos acusatorios, a la disyuntiva rebelión-sedición. Más allá de los hechos esenciales, sobre los que apenas hay margen para la controversia, el debate nuclear será si concurren o no los elementos del tipo penal de rebelión ("alzamiento violento" para declarar la independencia) y si se pueden apreciar o no los requisitos de la sedición ("alzamiento tumultuario" para impedir "por la fuerza o fuera de las vías legales" la aplicación de las leyes o el ejercicio de las funciones de cualquier autoridad).

Ésta es la controversia que importa a unos magistrados experimentados (el que menos tiene 22 años de ejercicio profesional a sus espaldas), poco dados a impresionarse por shows políticos.

La Sala ha reservado asientos en el majestuoso salón de plenos del tribunal al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al presidente del Parlament, Roger Torrent, que no anunciaron hasta el jueves y viernes pasado, respectivamente, que asistirán al comienzo de la vista. El tribunal ha preparado para ellos el tratamiento protocolario que les corresponde. Sus correligionarios encausados llegarán desde las prisiones de Soto del Real y Alcalá de Henares, excepto en el caso de los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila, que están en libertad provisional.

[El juicio del procés' podrá ser seguido en streaming en www.elespanol.com]