Si la cara es el espejo del alma, el rostro demacrado de Carme Forcadell el pasado lunes, después de escuchar los testimonios de Antoni Bayona y Xavier Muro, reflejaba su zozobra. Con razón: desde un estatuto profesional de neutralidad que les otorga un plus de credibilidad, el exletrado mayor del Parlament y el secretario general laminaron la estrategia de defensa de la que fue presidenta de la Cámara durante las semanas en las que se aprobaron la ley del referéndum y la ley de transitoriedad nacional (las llamadas leyes de ruptura con el Estado) y se leyó la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. 

Quedó claro que Forcadell ignoró repetidamente las advertencias de los letrados de que todo ello incumplía los mandatos del Tribunal Constitucional. Pero, sobre todo, que no podrá diluir su actuación en el magma de una Mesa en la que, según ella, tenía "el mismo poder decisorio que los demás". "Es la presidenta quien firma la convocatoria del Pleno con el orden de día", afirmó Muro. Dicho en otras palabras: de no haberse convocado esos plenos, el proceso soberanista no habría podido avanzar. Hubiera podido celebrarse el referéndum independentista, pero sin la apariencia de 'legalidad' que se le prestó desde el Parlament que Forcadell presidía.

La defensa aspira a dejar la 'travesura' en un delito de desobediencia, castigado con una simple inhabilitación. Pero tendrá que salvar el pequeño detalle de que las leyes de ruptura fueron presentadas por el Govern y admitidas a trámite cuando al Govern le vino bien. Sería la estrategia de concertación para la rebelión que afirma la Fiscalía en su escrito de acusación.

La tercera pata del plan criminal que sostiene la acusación pública-la movilización de las masas a sabiendas de que con toda seguridad se producirían enfrentamientos violentos- ha quedado dibujada en la cuarta semana del juicio con los testimonios de la letrada judicial que registró la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre, Montserrat del Toro; del exsecretario de Estado de Interior José Antonio Nieto, del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo; del coordinador del operativo policial el 1-O, coronel Diego Pérez de los Cobos, y de los que eran responsables de la Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña en aquellas fechas, Sebastián Trapote y Ángel Gozalo.

Todos salieron indemnes de los interrogatorios de las defensas, que no encontraron ninguna vía eficaz para poner en evidencia su testimonio.

Eso fue mérito de los propios testigos. Pero fue mérito de la Fiscalía sacar petróleo de la comparecencia del excomisario general de información de los Mossos, Manel Castellví. El exjefe del CNI catalán confirmó extremos esenciales de la tesis acusatoria: Puigdemont, Junqueras y Forn fueron informados de que era previsible un "escenario de violencia" el día del referéndum ilegal, que esa votación no podía llevarse a cabo a la vista de las órdenes judiciales, que intentaron "disuadirles" de que se celebrara y que, pese a todo, siguieron adelante.

Con visible interés en ayudar a los suyos (que son los jefes de los Mossos, no los políticos) Castellví aseguró varias veces que el mayor Trapero y los demás comisarios expresaron al Govern que "cumpliríamos las órdenes judiciales" y manifestaron su queja de que los consejeros estaban trasmitiendo a la población "mensajes de tranquilidad que no se correspondían con la realidad". 

El interrogatorio de Javier Zaragoza, su tono (a veces pausado, a veces imperativo), su expresión corporal, su mirada fija en el testigo y su forma de acorralarle deberían formar parte de los cursos de formación de los fiscales. También los tiempos. Zaragoza envolvió a Castellví en una hora de preguntas hasta llegar al punto que le interesaba: la cita de los mandos de los Mossos en el Palau de la Generalitat el 28 de septiembre de 2017, cuando el propio Castellví expuso un informe de inteligencia sobre la previsible "escalada de violencia".

Se han esfumado las críticas a los fiscales que proliferaron en las primeras semanas de juicio, tan desmedidas como precipitadas. Aunque en el interrogatorio a algunos acusados hubiera errores y algunas confusiones evitables, nunca esa fase del juicio ha sido el momento de las acusaciones sino precisamente el de los acusados.

Los representantes del Ministerio Público en el juicio del 'procés' -los mejores penalistas de la Fiscalía- continúan convencidos de su tesis acusatoria y durante esos días de tormenta y ruido han recibido el apoyo de la fiscal general, María José Segarra. En la cuarta semana de vista han logrado una relevante corroboración a su construcción acusatoria, pero un juicio es como una montaña rusa y queda mucho por delante.

Choques

La euforia de las defensas tras las dos primera semanas disminuye ahora en la misma medida en que aumentan los choques con el presidente del tribunal. Las casi interminables explicaciones del juez Marchena cuando se ve en la obligación de cortar a los letrados ya no acaban con un desenfadado "haga otra preguntita" sino con el ceño fruncido de los abogados, en particular Andreu van den Eynde y Jordi Pina, y la proliferación de protestas.

La bronca del lunes durante la comparecencia del presidente de Parlament, Roger Torrent, duró 12 minutos. La del jueves, durante el interrogatorio de Pérez de los Cobos, se prolongó casi seis y terminó con un Marchena inusualmente tajante con Pina: "No entre en debate conmigo, no se lo permito".

Amenazas

El tribunal ha autorizado por primera vez que no se difundiera la imagen de dos testigos: Xavier Muro y la letrada judicial que dirigió el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre. Muro pidió esa protección por escrito y explicó a un alto funcionario del tribunal que "quiero seguir tomándome un café en el bar sin que me reconozcan". La pregunta es qué problema tendría si le reconocieran.

Montserrat del Toro, letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, tiene su propia contestación: tras la reserva acordada por el tribunal, su fotografía fue difundida ampliamente por las redes sociales independentistas junto a amenazas que el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha ordenado investigar.

El testimonio prestado por Castellvi también ha tenido repercusiones para él. Una patrulla de los Mossos vigila desde el viernes su domicilio.