El responsable del Ministerio de Interior cuando se celebró el referéndum del 1-O se ha desvinculado este jueves de las actuaciones concretas llevadas a cabo por los policías y guardias civiles en los centros de votación y que dieron lugar a imágenes de ciudadanos lesionados que dieron la vuelta al mundo.

"Así como no di la orden de actuar y dónde, tampoco dije cuándo tenían que dejar de hacerlo. Los mandos operativos eran muy profesionales, ellos sabrán por qué", dijo Juan Ignacio Zoido en su comparecencia como testigo ante el Tribunal Supremo, que juzga a 12 políticos acusados de promover la secesión unilateral de Cataluña.

No ha sido una declaración aguerrida en la que el ministro haya asumido la actuación policial a lo Thatcher ("yo fui la que disparé") en unas fechas que no eran cualesquiera, sino de las más críticas y tensas que se han vivido en España. Esto desplaza la explicación de las cargas policiales a los mandos operativos citados a declarar la próxima semana, sobre todo al coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo del 1-O, al que espera un seguro bombardeo de las defensas.

Los actos violentos del 1-O -claves en un juicio en el que se dilucidan cargos de rebelión y sedición- son interpretados de manera radicalmente opuesta a cada lado del estrado. Para los defensores, unas fuerzas policiales brutales atacaron a pacíficos ciudadanos que lo único que pretendían hacer era votar sobre su futuro, nada ilegal. Para las acusaciones, quienes se sientan en el banquillo llevaron a los ciudadanos a participar en un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y los jueces, y lo hicieron a sabiendas de que habría violencia porque conocían que el Estado tenía el deber de impedirlo.

El ministro, testigo de referencia

El testimonio de Zoido ha resultado más útil a los fines de las acusaciones que a los de las defensas, pero su valor no será excesivo debido a que no ha asumido el conocimiento de los hechos en primera persona y se ha refugiado en el papel de testigo de referencia.

Su fuente de conocimiento ("me comunicaron", "me dijeron", "lo leí") eran sus subordinados, bien mediante conversaciones con los mandos, bien mediante informes, bien a través de las instrucciones que dictó su número dos, el secretario de Estado José Antonio Nieto, que está citado el próximo lunes.

Aun así, en lo que valga, Zoido ha descrito un panorama muy alejado del pacifismo de los claveles que pintan las defensas y ha dado algún argumento aprovechable por las acusaciones: "en los centros de votación donde no hubo ningún impedimento a la actuación de las fuerzas de seguridad no pasó absolutamente nada". Ergo la responsabilidad de la violencia del 1-O no fue de policías y guardias civiles "que tenían el mandato judicial de impedir un acto ilegal" sino de quienes llevaron a cabo "una resistencia activa y organizada".

Enviados "al matadero"

Fue la única vez que Zoido elevó el tono: "¿Acaso era una pacífica convivencia lo que había en determinados colegios? ¿Eso es lo que hay que aceptar, que se impida a policías y guardias civiles cumplir un mandato judicial y hasta llegar a sufrir agresiones?".

Algún desliz de la defensa apuntaló -seguro que involuntariamente- la tesis de la violencia atribuible a los independentistas que se concentraron en los centros de votación a modo de "murallas humanas", dijo Zoido.

El abogado del exconsejero de Interior Forn, Xavier Melero, preguntó al exministro si mandar a Cataluña a 6.000 efectivos era suficiente para cerrar 2.239 centros de votación. "¿No era enviarlos al matadero?", añadió Melero, utilizando una curiosa expresión teniendo en cuenta que las defensas sostienen que los votantes del 1-O tenían en su ADN el pacifismo y sólo ofrecieron una resistencia pasiva.